Cuestiones esenciales del análisis jurídico financiero de las fórmulas de colaboración público-provada en la financiación de obras y servicios públicos en España

Abstract

La actual coyuntura de crisis que atraviesa nuestro país nos obliga a plantearnos el modelo en el que queremos que se administren los intereses y necesidades públicas. Los mecanismos de colaboración con el sector privado y la implicación de todos los agentes sociales en la consecución del interés general tendrán probablemente gran protagonismo en el modelo de Administración del futuro, y por consiguiente, en la financiación de bienes y servicios públicos. En la actual coyuntura económica y legislativa la Administración debe asumir un nuevo papel e implicar al sector privado y a los particulares en la financiación de las obras y servicios públicos. Ante esta situación el Derecho financiero no puede permanecer ajeno a estos cambios que afectan tanto a los ingresos como a los gastos públicos. Es preciso aprovechar las ventajas de esta colaboración y minimizar sus riesgos, pero por encima de todo es necesario articular los mecanismos que hagan realidad el mandato constitucional de que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos.

The current crisis that our country is suffering forces us to reconsider the model by which we prefer to manage the interests and public needs. Partnership mechanisms with the private sector and involvement of all social partners in achieving general interest, will likely play an important role in the future management model, and therefore, in financing public goods and services. In the current economic and legislative situation, Administration should assume a new role and involve the private sector and individuals in the financing of public works and services. In response, the Financial Law can not remain detached from these changes affecting both public revenue and expenditure. It is important to take advantage of this collaboration and minimize their risks, but aboye all it is necessary to articulate the mechanisms that translate the constitutional mandate by which public expenditure assigns an equitable allocation of public resources