Trayectoria y transformación de las opiniones legislativas
sobre aborto en México
Trajectory
and transformation of legislative opinions on abortion in Mexico
|
Manuel Antonio
Durán-Luzuriaga |
Sonia Elizabeth
Ramos-Medina |
|
Universidad de
Salamanca – España |
Universidad de
Salamanca – España |
Recibido: 14-11-2022
Aceptado: 31-05-2023
Resumen
Bajo el supuesto teórico de que la regulación del
aborto en los países de tradición católica se da en la confluencia de fuertes
movimientos feministas y gobiernos de izquierda, esta investigación analiza la
transformación de las opiniones parlamentarias mexicanas en tanto
representantes y tomadores de decisiones. Luego de revisar la trayectoria del
aborto y las posiciones de las élites, un esquema de metodología mixta permite
revisar la trayectoria y construir un modelo de regresión para medir el nivel
de asociación entre las variables. Los hallazgos confirman la reticencia de los
actores políticos hacia este tipo de demandas, lo que se ha traducido en un rol
destacado de actores judiciales para dar respuestas a este tema.
Palabras clave: políticas de moralidad, élite
parlamentaria, aborto, movimientos feministas.
Abstract
Under the theoretical
assumption that abortion regulation in catholic traditional' countries occurs
at the confluence of strong feminist movements and leftist governments, this research
analyzes the transformation of Mexican parliamentary opinions as
representatives and decision makers. After reviewing the trajectory of abortion
and the positions of the elites, a mixed methodology scheme allows us to review
the trajectory and build a regression model to measure the level of association
between the variables. The findings confirm the reluctance of political actors
towards this type of demands which has translated into a prominent role for
judicial actors to responds this issue.
Key words: morality policy, parliamentary
elite, abortion.
1. Introducción[1]
México se organiza como una
república federal democrática con 32 entidades federativas. Su sistema
legislativo es de carácter bicameral: la Cámara de Diputados compuesta por 500
escaños con una duración de tres años; y, la Cámara de Senadores, compuesta por
128 escaños que se eligen para seis años.
En el ámbito federal, desde los años
30 del siglo pasado hasta el año 2000 predomina el Partido Revolucionario
Institucional-PRI. A finales de los 80 el sistema de partidos da protagonismo a
dos partidos, el Partido Acción Nacional-PAN (fundado en 1939) y el Partido de
la Revolución Democrática-PRD (producto de una escisión del PRI). En esta misma
época surgen otras organizaciones como el Partido Verde Ecologista-PVEM,
Movimiento Ciudadano-MC, Partido del Trabajo-PT.
En términos ideológicos, el PAN se
ubica en la derecha, el PRI en la centro-derecha y el PRD en la izquierda
(Alcántara, 2004). En 2014 irrumpe de manera formal el Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) que actualmente ostenta la presidencia de la
república (2018-2024) y en términos ideológicos se ubica en la izquierda.
A nivel constitucional, México es uno
de los pocos países donde las entidades federativas tienen capacidad para
realizar sus propias reformas (CPEUM, art. 124), aunque cada vez son más las
atribuciones que corresponden a la federación[2].
Esta característica deja abierta la posibilidad de que las instituciones
locales impulsen medidas en favor de la población.
Bajo el predominio de un sistema de
partido hegemónico durante la mayor parte del siglo XX, en el comienzo del
nuevo siglo México celebra elecciones y da el triunfo a un representante de un
partido conservador. Paralelamente comienzan a gestarse reformas que poco a
poco abren paso a un breve pero contundente proceso de transformación en cuanto
a derechos sexuales y reproductivos.
En este contexto, nuestra
investigación se pregunta por la transformación de las opiniones parlamentarias
en torno al aborto durante el período 1994-2021. Para responder a esta pregunta
se analizan las trayectorias, las opiniones de las élites y se establecen
relaciones entre ambos elementos.
Teniendo en cuenta que México es un
país con una profunda religiosidad, partimos del presupuesto teórico según el
cual las reformas en países católicos ocurren cuando interactúan movimientos
feministas fuertes (con capacidad de incidencia política en la toma de
decisiones) y gobiernos de izquierda. Cabría asociar las reformas del PRD en
Ciudad de México (CDMX) a comienzos de siglo, o las emprendidas por el MORENA
durante el último lustro en diferentes entidades estatales; sin embargo, los
datos señalan una relación más compleja.
En este sentido, para combinar el
componente político y cultural, la hipótesis de esta investigación plantea que
las variables ideología, práctica religiosa y religión, tienen una relación
directa con la variable aborto.
Al tratarse de políticas de
moralidad (morality policies)
esta investigación esboza una estrategia metodológica mixta que complementa el
análisis cualitativo sobre la trayectoria histórica del aborto, con análisis
cuantitativo sobre los datos de la base PELA-USAL que recoge posicionamientos y
opiniones de las élites parlamentarias en Latinoamérica. El análisis de
trayectorias permite identificar actores e interacciones que luego se
contrastan en el análisis de los datos.
Los hallazgos muestran que la
reticencia de los actores políticos ha llevado a que las reformas no se abordan
desde ese ámbito sino desde el campo jurídico lo cual guarda relación con el
posicionamiento desfavorable por parte de las élites parlamentarias. Los
movimientos feministas han tenido que acudir a la Suprema Corte de Justicia en
un escenario de inacción política que favorece a los actores conservadores.
El texto está organizado de la
siguiente manera. La sección 2 aborda el marco teórico que ofrece un panorama
de las políticas morales en las que se enmarca el aborto. La sección 3
metodología presenta las herramientas de análisis. La sección 4 resume la
trayectoria del aborto en México prestando especial atención a las reformas
2000-2007 en CDMX. La sección 5 presenta un análisis de las opiniones de las
élites a través de las diferentes variables. La sección 6 presenta las
conclusiones.
2. Marco Teórico
Al igual que otros temas cada vez más presentes en las arenas políticas,
el aborto se enmarca en las políticas de moralidad: aquellas decisiones tomadas
en el ámbito público que afectan/regulan la vida privada.
La literatura da cuenta de un escenario común a las políticas morales:
guerras culturales
Sin embargo, hay dos elementos que configuran el carácter central de las
políticas en torno a temas morales: el establecimiento de regulación sobre la
conducta humana (Tatalovich y Daynes, 1998) y el conflicto sobre valores fundamentales (Engeli,
Green-Pedersen y Larsen, 2011);
Bajo esta premisa, se puede señalar que “las políticas de moralidad por
definición- implican decisiones sobre la regulación de los conflictos de
valores sociales […] el cambio político es siempre sobre temas centrales
paradigmáticos más que aspectos instrumentales” (Heichel,
Knill y Schmitt, 2013: 322).
Una segunda premisa aplicable al contexto Latinoamericano consiste en
reconocer la disparidad de posicionamientos y opiniones que puede haber al
interior de un grupo aparentemente homogéneo. En el caso de la identidad
religiosa, esta no necesariamente se corresponde con los posicionamientos
individuales en torno a temas de carácter moral (Dillon, 2014), donde es más
preciso hablar de pluralidad y no vinculación directa entre las posiciones de
las jerarquías y los individuos (Rabbia y Ruata, 2014).
En el plano político la región se alineó con una época de retorno democrático
(1974-1989) lo que se tradujo en una reconfiguración y estabilización de los
sistemas de partidos, y un replanteamiento del enfoque social del Estado (Pribble, 2013: 6)[3]
con la finalidad de que nuevos sectores sociales se fueran integrando en los
diferentes proyectos políticos, lo que en teoría debía traducirse en una mejoría
de sus condiciones de bienestar.
Sin embargo, en lo que se refiere a
políticas específicas para mujeres y diversidades sexuales, muy pocas reformas
vinieron desde el Estado y más bien han sido impulsadas por otros actores
sociales (Kapiszewski, Levitsky y Yashar, 2021:
6). El colapso de algunos sistemas de partidos a finales de los noventa
y los diferentes períodos de crisis han reforzado el carácter ausente o
precario de políticas estatales enfocadas en el reconocimiento e integración de
estos grupos.
En el caso de México, no hay un
proceso de retorno democrático posterior a un período de estado autoritario.
Este país tuvo un largo período de predominio unipartidista durante la mayor
parte del siglo XX. Los procesos de integración social han ido de la mano con
las reformas políticas y de carácter económico. Si bien los procesos de
industrialización impulsaron la integración de la clase obrera desde los años
cuarenta hasta los ochenta, de ahí en adelante se redefinió el rol del estado
en el ámbito social con un claro predominio liberal.
Las barreras generadas por este
nuevo modelo se han paliado con medidas compensatorias focalizadas en ciertos
ámbitos sociales. Con este panorama, los autores de este artículo consideran
importante establecer cierto grado de filiación entre los grupos feministas y
los derechos vinculados a temas como el aborto, puesto que el estado y con el
la clase política, no han generado unas condiciones básicas para el ejercicio
pleno de libertades.
A diferencia de lo que ocurrió en otras
partes del mundo, donde las políticas de moralidad surgieron del proceso de
institucionalización del conflicto entre partidos (Engeli, Green-Pedersen y Larsen, 2012), Latinoamérica presenta un
escenario donde son los actores sociales quienes desde fuera del sistema
político impulsan la inclusión/exclusión de temas morales en las agendas
políticas.
El enfoque latinoamericano sobre aborto, con un claro influjo feminista,
presta atención al concepto de dignidad[4]
como eje que articula la configuración de un sistema de derechos centrados en
la igualdad y autonomía de la mujer: “como límite y posibilidad de lo que el
Estado puede hacer en relación con el aborto”
(Bergallo, Jaramillo y Vaggione, 2018: 19) teniendo como horizonte la
corporalidad femenina.
Considerando que a lo largo del debate sobre el aborto se ha
invisibilizado el rol de la mujer como la principal protagonista para elegir de
manera libre sobre su cuerpo y sobre la maternidad, este enfoque centra la atención
no solo en los actores políticos, sino también en los grupos de mujeres y su
incidencia en la toma de decisiones como una medida central hacia la equidad de
género[5].
Uno de los legados más importantes de la segunda ola feminista
corresponde a la estructuración de movimientos independientes capaces de actuar
de forma colectiva para hacerse un espacio en el escenario político
(Maxwell y Shields, 2018). Este rasgo
modifica la organización y participación de los movimientos latinoamericanos.
El impacto más notable ha sido la promoción de políticas sobre derechos
de las mujeres, que cuestionan “sexualidad, trabajo, vida familiar, así como la
autoridad de las instituciones religiosas y el alcance de los mercados” a
través de dos dimensiones “[1] de clase - estatus y [2] doctrinal -
no-doctrinal” (Htun y Weldon, 2018: 9).
La primera dimensión se refiere a elementos de carácter socioeconómico
que condicionan la posición legal de la mujer dentro de la sociedad, mientras
que la segunda alude a los desafíos que los derechos de las mujeres plantean a
los discursos, tradiciones culturales, doctrinas religiosas predominantes.
Cabe entender este planteamiento en un contexto que tradicionalmente ha
excluido a las mujeres de ciertos ámbitos. En efecto, la ampliación del
concepto de ciudadanía y la construcción de espacios de participación en la
esfera pública constituyen dos elementos característicos de la participación
política de las mujeres latinoamericanas (Pachón, Peña y Wills,
2012).
Uno de esos espacios se ha configurado a partir de la implementación de
leyes de cuota de género para mejorar los niveles de representación política
hacia un esquema de paridad. En el caso de México, el voto femenino se enmarca
en una discusión entre propuestas materialistas e igualitarias, pero también
sobre la transformación del rol identitario femenino a lo largo de su historia reciente
(Cano, 2013). Las cuotas de género se fueron incorporando de forma progresiva
desde los años noventa hasta alcanzar la obligatoriedad en 2014 (Freidenberg y
Caminotti, 2014), con las particularidades que presenta un sistema federal como
el mexicano.
Que haya más mujeres en espacios políticos no significa que ellas estén
representadas y que sus intereses sean incluidos en las agendas (Freidenberg
y Lajas, 2015). El retroceso en cuanto a políticas
morales permite deducir que las mujeres aún enfrentan dificultades para
articular mecanismos efectivos de inclusión de demandas.
La pervivencia de elementos culturales vinculados a los roles de género
y la intervención de actores como la iglesia católica (más recientemente la
iglesia evangélica) han supuesto procesos de retroceso y un obstáculo a los
actores sociales que defienden la instauración de políticas y la ampliación de
derechos para regular el aborto (Fernández, 2020, Zarenberg, Tabbush
y Friedman, 2021).
“Temiendo la ira de los movimientos
antiaborto y de la iglesia, y juzgando que políticamente se ganará poco
apoyando la despenalización, la mayoría de los partidos y políticos intentan
mantenerse alejados del tema del aborto” (Htun,
2003: 143). Esta característica representa una dificultad adicional para
incluir temas morales en las agendas políticas.
En general, las elites
parlamentarias han sido poco flexibles y han mostrado menos apertura a reformas
sobre políticas morales. De ahí que la movilización social y la presión
política se configuren como herramientas de los grupos feministas para impulsar
los cambios
En efecto, aquellos países que han
logrado cambios en cuanto a regulación sobre aborto pese al predominio de
tradiciones religiosas, la clave ha estado en factores como “primero las
divisiones de clase y la movilización diferencial de la iglesia católica y las
feministas y, en segundo lugar, su influencia relativa en los políticos de
derecha e izquierda, incluido el ejecutivo”
(Blofield, 2008: 400).
En los primeros lustros del nuevo
siglo, a nivel regional los ejecutivos vieron fortalecidas sus atribuciones,
entre las cuales está un considerable aumento en la presentación de proyectos
de ley, lo que les ha permitido ejercer control sobre las agendas (Santos, Pérez-Liñán y García-Montero, 2014),
disminuyendo el papel que tradicionalmente jugaban los parlamentos como puente
entre las demandas ciudadanas y el sistema político.
A esto se suma la configuración de
gobiernos con rasgos populistas que devienen en ejercicios de democracia delegativa
En efecto, en buena parte de la región los recientes procesos de
transformación de élites y los cambios en los esquemas de gobierno no se
tradujeron en transformaciones en cuanto a derechos sexuales y reproductivos.
En el primer caso ha habido reticencia para impulsar transformaciones sobre
temas morales (Barragán, Bohigues y Rivas, 2020). En el segundo caso un balance general da cuenta de una
situación regresiva que en la mayoría de los países donde se abordó la
temática, ha priorizado la planificación familiar por sobre la educación sexual
Estas características configuran un escenario que amerita la revisión de
las interpretaciones tradicionales sobre la influencia de la ideología y
religiosidad en tanto mecanismos explicativos de los posicionamientos de las
élites parlamentarias y del ejecutivo con respecto a políticas de moralidad.
En la región sólo un reducido número de países ha emprendido reformas
para legalizar el aborto basado en la voluntad de la mujer. Los países que han
legalizado el aborto son Cuba (1965), Guyana (1995), a nivel estatal en Ciudad
de México (2007), Uruguay (2012); Argentina (2020) y Colombia (2022). Otros
países aplican un sistema de requisitos previos para el acceso que en algunos
casos eximen de responsabilidad penal.
Así mismo en la región se encuentran cinco países que prohíben el aborto
en todas las circunstancias, El Salvador (1997), Haití (1835), Honduras (1983),
Nicaragua (2007), República Dominicana (1999). Cabe señalar que estas medidas
son equiparables a las que predominan en regiones de África, Oriente Medio,
Sudeste Asiático y las derivadas de la anulación de la sentencia Roe v. Wade
en Estados Unidos (24 de junio de 2022).
Ante la ausencia de incentivos por parte de las organizaciones
políticas, los movimientos feministas latinoamericanos han optado por acudir a
las Cortes de Justicia para impulsar cambios en los marcos legales sobre aborto
Esta investigación contribuye al análisis sobre el rol que juegan las
élites, junto a otros actores en la incorporación e implementación de demandas
vinculadas a derechos sexuales y reproductivos.
3. Datos y
metodología
Los datos se han tomado de la encuesta PELA-USAL, que aplica
cuestionarios sobre diferentes temas a los legisladores de dieciocho países de
Latinoamérica[6].
En este caso se analiza México y sus nueve legislaturas que cubren el período
1994-2021. El anexo muestra detalles de los cuestionarios sobre las variables
analizadas con sus respectivos valores.
Con las premisas antes señaladas sobre las políticas de moralidad, la
pregunta que guía este trabajo plantea explicar ¿cómo se han transformado las
opiniones de las elites parlamentarias mexicanas con respecto a aborto en el
período 1994-2020?
A partir de esta pregunta se plantean tres objetivos. El primero:
revisar la trayectoria de la legalización del aborto en México a fin de
identificar rasgos y actores. Segundo analizar los datos sobre opiniones de las
elites parlamentarias en torno a aborto durante el período de estudio. Tercero,
establecer relaciones entre los posicionamientos de las élites y la coyuntura
política que se desprende de las trayectorias de legalización.
Con esta pregunta y objetivos, nuestra investigación plantea la
siguiente hipótesis:
H. Las variables ideología, práctica religiosa y religión tienen una
relación directa con la variable aborto.
La variable dependiente es aborto y las variables independientes
corresponden a ideología, práctica religiosa, religión. Las variables nivel de
educación y sexo operan como variables de control.
Esta investigación aplica un enfoque mixto. Por un lado, se realiza un
estudio histórico comparado para reconstruir la trayectoria del aborto
(cualitativo); por otro lado, se analizan los datos sobre las opiniones y
posicionamientos de las élites legislativas (cuantitativo).
En el primer caso el marco de análisis enfoca los temas morales desde
una perspectiva de género, utilizando dos entradas: a) distinción del tema; b)
interacción del contexto-agente
En el segundo caso, el marco de análisis se centra en el grado de
restricción que tiene una norma relacionada con temas morales. Siguiendo el
planteamiento de Heichel, Knill, Schmitt (2013), se enfatiza la dirección que
expresa la transformación de las opiniones de las élites parlamentarias. Estas
opiniones permiten distinguir el grado de apertura/restricción hacia el aborto.
Al tratarse de un ejercicio metodológico mixto, cada apartado provee
información relevante que obliga a mantener el foco en dos elementos
combinados: la trayectoria del tema desde la perspectiva feminista y la transformación
de las opiniones de las élites que generan un punto de fuga hacia los actores
judiciales. Es evidente que la complejidad del tema plantea retos a este
esquema metodológico puesto que las dinámicas y los actores son diversos.
El énfasis está puesto en el grado de cambio que expresan las opiniones
en relación con la ubicación ideológica, las prácticas y preferencias
religiosas. Para evaluar el cambio se elaboran correlaciones (datos por país)
entre variables y luego se construye un modelo de regresión para analizar los
datos por legislatura. El software utilizado para el análisis es IBM SPSS Statistics 25.
4. Aborto en México
El recorrido histórico del aborto en
México presenta una profundidad particular y una imbricación con el acontecer
político y social. A comienzos del siglo XX, es notable la influencia de
factores como liberalismo, gobiernos de izquierda y feminismo. Las propuestas
de esta época giraban en torno a un esquema de igualdad entre hombres y mujeres
aplicable a diferentes ámbitos: laboral, educativo, electoral. Sin embargo, el
momento histórico no permitió profundizar en las inequidades de género
Como respuesta a la reforma del
Código Penal (1931) la Dra. Ofelia Domínguez Navarro redacta “El aborto por
causas sociales y económicas”, una propuesta que aboga por un enfoque médico
antes que penal a fin de combatir la situación de desventaja social en la que
se hallaba la mujer (Cano, 1990b: 364).
Sin embargo, en México hasta los
años cuarenta predomina una visión eugenésica del aborto. Se considera que el
Estado debe regular la función reproductiva de las mujeres en concordancia con
el interés público
Desde la perspectiva del análisis
histórico, esta época permite identificar algunos elementos del debate en torno
al aborto. Por un lado, el control del Estado a través del sistema de salud y
del personal sanitario; por otro, la anulación de la voluntad y el criterio de
la mujer para elegir o desistir de la maternidad en un clima de acceso a
garantías básicas.
La segunda mitad del siglo XX se vio
revolucionada por los acontecimientos derivados del movimiento estudiantil de
1968. Sin ahondar en los detalles específicos sobre la incidencia de este
movimiento en México, cabe destacar su articulación con una dinámica global que
pone de manifiesto la necesidad de transformaciones profundas.
Vista desde otra perspectiva la
dinámica del movimiento social del 68 también permite destacar el rol de las
mujeres, trascendiendo los relatos oficialmente aceptados. Desde el ámbito
práctico, este año significó el cuestionamiento y la transformación de algunos
roles de género
A tono con la transformación
cultural de los años sesenta y las reivindicaciones en diferentes ámbitos, en
México “las mujeres del 68 desafiaron el autoritarismo en tres espacios que
históricamente les habían sido negados, sus cuerpos, las calles y las universidades” (Barrera y Beltrán, 2018).
El clima de represión no solo venía
desde una fuente externa como el Estado a través de sus órganos de control,
sino también desde el interior de las familias ya
que predominaban elementos conservadores. Sin embargo, se había creado un
escenario público en el que las mujeres estaban integradas y participaban de
forma activa.
En la segunda mitad de siglo se
comienzan a estructurar grupos de mujeres que por un lado dan cuenta de un
mayor nivel de organización y por otro permiten fortalecer la influencia
política durante los años setenta y ochenta. Cabe mencionar algunas
organizaciones como Mujeres en Acción Solidaria (1971), Movimiento Nacional de
Mujeres (1973), Movimiento de Liberación de la Mujer (1974), Colectivo La
Revuelta (1975), Movimiento Feminista Mexicano (1976), Colectivo de Mujeres
(1976), Lucha Feminista (1978)[7].
La incidencia de estos grupos
permitió abrir espacios de debate público y articular dos líneas de acción: la
despenalización y el acceso gratuito en el sistema de salud. Se estructuró una
primera propuesta de ley a finales de los setenta, pero la apertura del Frente
Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (1979)
significó una escisión del movimiento y el final de una etapa
Salvo la realización de algunos
eventos, la década de los ochenta se caracteriza por un período de latencia;
sin embargo, dos acontecimientos reavivan el debate. Primero el caso Tlaxcoaque (1989)[8]
pone en la escena pública la situación de los derechos sexuales y
reproductivos. Segundo, la reforma y posterior derogación legislativa en
Chiapas (1990) para ampliar las causales de aborto no punible, hace tangible la
capacidad de los movimientos conservadores para incidir en las decisiones
políticas.
Esta puesta en escena del aborto tiene como consecuencia que los grupos
feministas replanteen su estrategia de incidencia política. Además, se pueden
identificar dos grandes actores detrás del grupo conservador: a nivel político
el Partido Acción Nacional (PAN) y a nivel social la iglesia católica. Ambos
actores configuran el escenario de disputa.
Con el afán de posicionar un enfoque profesional sobre temas de salud
sexual y reproductiva en 1992 se crea el Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) que fortalecería el trabajo realizado por una serie de
publicaciones y espacios en medios de difusión masiva y ámbitos académicos. En
este mismo año se reforma el artículo 130 de la CPEUM para permitir que la
iglesia tenga personería jurídica y pueda retomar su participación en los
debates de opinión pública.
Otro factor de influencia se encuentra en las políticas diseñadas en las
diferentes Conferencias Internacionales (Población y Desarrollo, El Cairo 1994;
Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, Belem do Pará 1994; IV Conferencia sobre la Mujer: Acción para
la Igualdad del Desarrollo y la Paz, Beijing 1995), que incidieron no solamente
en la visión que el Estado tiene sobre la familia, sino también en la búsqueda
de políticas públicas que poco a poco transformen la sociedad.
Sin embargo, a finales del siglo XX ya sea por una cuestión de relevo
generacional o por la articulación de intereses a nivel de sociedad civil, los
movimientos feministas no se habían estructurado de tal manera que pudiesen
entrar en la dinámica política y participar en la toma de decisiones para
legalizar el aborto
El comienzo del nuevo siglo reavivó el debate. Hubo tres acontecimientos
relevantes: el caso Paulina; el intento del Partido Acción Nacional (PAN) para
eliminar el aborto por violación en Guanajuato; y, la ley Robles (Lamas,
2009: 162-166). Estos tres acontecimientos
intensificaron el debate a nivel de la opinión pública y derivaron en una
realineación de los posicionamientos y actores en torno al aborto.
Las elecciones generales del año 2000 configuraron un escenario complejo
puesto que el vencedor de la contienda Vicente Fox (sin mayoría en el Senado ni
en la Cámara de Diputados) bajo el auspicio de la Alianza por el cambio (PAN y
PVEM) mantenía estrechas relaciones con los sectores conservadores.
En ese mismo año se renovó el gobierno en CDMX, bastión del PRD desde
finales de los noventa. Este partido abanderó la causa feminista en torno al
aborto. Se reformularon tres causales que ya se encontraban en el Código Penal
Federal de 1931 (arts. 333 y 334). En lugar del peligro de muerte se estableció
el grave riesgo de salud de la mujer; cuando el producto de la concepción
presente malformaciones; y, en caso de una inseminación artificial no
consentida. Se mantenía la causal de violación.
Complementariamente, la particularidad de la conocida como Ley Robles se
circunscribe a dos aspectos. Por un lado, llevar a la arena política las
demandas de un movimiento social con amplia trayectoria en un clima poco
habituado al gobierno de una mujer en un período de interinazgo. Por otro lado,
se establece una agenda de reformas que combina una sólida estructura
argumentativa que toma en cuenta los diferentes instrumentos legales, haciendo
más difícil la intervención de los detractores.
El cuadro 1 presenta un resumen de las reformas
previas a la legalización del aborto en CDMX.
Cuadro 1. Evolución de las reformas
sobre aborto en CDMX
|
Fecha |
Mecanismo
|
Actor |
Instrumento |
Contenido |
|
|
24/8/2000 |
Decreto |
Asamblea Legislativa |
Código Penal |
Arts. 332-334 |
causales excluyentes: violación o
inseminación; salud de la mujer; daños en el producto; conducta culposa de la
mujer |
|
|
|
|
Código de Procedimientos Penales |
Art. 131Bis |
Ministerio Público autoriza IE (24h),
concurrencia de requisitos (I-V) |
|
11/7/2002 |
Acuerdo |
Procuraduría General de Justicia |
Lineamientos para la actuación de los
agentes del Ministerio Público |
primero-séptimo |
a) denuncia; b) víctima declare existencia;
c) sistema de salud declare existencia; d) solicitud de la mujer |
|
16/7/2002 |
Decreto |
Asamblea Legislativa |
Código Penal |
Cap. V Aborto |
no sanción en causales |
|
27/1/2004 |
Decreto |
Asamblea Legislativa |
Código Penal |
Arts. 145 y 148 |
“excluyentes de responsabilidad penal en el
delito de aborto” […] |
|
|
|
|
Ley de Salud |
Arts. 16BIS 6 y 16BIS 7 |
gratuidad y calidad; objetores de
conciencia |
|
15/11/2006 |
Circular GDF-SSDF/01/06 |
Secretaría de Salud |
Lineamientos del Servicio de Salud para
atención IE |
primero-vigésimo segundo |
Tercero, I: ILE aquella que se realiza
hasta la semana 20 de gestación, en condiciones de atención médica segura |
|
26/4/2007 |
Decreto |
Jefatura de Gobierno |
Código Penal |
Arts. 144-147 |
aborto: “interrupción del embarazo después
de la décima segunda semana de gestación”; y embarazo: “la parte del proceso
de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el
endometrio” |
|
|
|
|
Ley de Salud |
16Bis 6; 16Bis 8 |
atención prioritaria |
|
4/5/2007 |
Acuerdo |
Secretaría de Salud |
Circular GDF-SSDF/01/06 |
varios |
ILE/médicos especialistas; solicitud por
escrito; consejería; doce semanas de gestación |
Fuente:
elaboración propia con datos de la Gaceta Oficial CDMX.
Posterior a la entrada en vigor de la ley Robles
y de la demanda de inconstitucionalidad emprendida por actores conservadores,
en 2004, el legislativo del Distrito Federal despenalizó el aborto en cuatro
causales: grave riesgo para la salud de la mujer; violación e inseminación
artificial no consentida, malformaciones graves del producto; imprudencia de la
mujer.
A finales de 2006 el gobierno de CDMX impulsó
una serie de reformas para despenalizar el aborto en todos los casos. Estas
reformas se enfocaron en una redefinición de conceptos en el ámbito penal, la
reducción de sanciones, protección a mujeres y la reforma a la Ley de Salud. El
paquete de reformas entró en vigor el 26 de abril de 2007.
Uno de los elementos centrales de la reforma es
el acceso libre y voluntario al aborto hasta el tercer trimestre. Esta medida
se toma a partir de las definiciones de aborto y embarazo que configuran la
premisa de acceso y penalizan la intervención posterior a este plazo.
Los actores en contra del libre acceso al aborto
presentaron acciones de inconstitucionalidad: 10/2000 y 146/2007. En ambos
casos la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) consideró que las medidas
tomadas eran constitucionales. En el primer caso porque se genera una condición
eximente (alteraciones genéticas o congénitas en el producto) y en el segundo
porque se reconoce la capacidad del legislador para establecer límites a un
derecho (la vida) que pese a estar protegido por el texto constitucional y las
normas internacionales, no es absoluto (Suárez, 2015: 36).
Cabe destacar la sentencia de la segunda acción
de inconstitucionalidad publicada en 2008, puesto que marca un precedente sobre
el debate de la protección a la vida usualmente utilizado como contraargumento
a la legalización del aborto. Al respecto el análisis de la sentencia permite
identificar el rol del legislador para despenalizar una conducta. La Corte señala que
la potestad del legislador se constituye en herramienta para enmarcar el aborto
desde la salud pública, trastocando el problema de la clandestinidad, instando
a la respuesta de las instituciones para favorecer a mujeres en situación de
riesgo (Jiménez, 2009: 148). El enmarcado del aborto desde una perspectiva de salud
pública constituye uno de los enfoques con mayor éxito en los procesos de
legalización. La reforma de CDMX marca un precedente puesto que armoniza la
preeminencia de los derechos de la mujer con la responsabilidad del Estado para
el acceso y prestación de un servicio público integral.
Pese a que cabría esperar una seguidilla de
reformas semejantes, en otras entidades federativas se dieron reformas
constitucionales para proteger la vida desde la concepción: Morelos y Baja California
(2008), Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit,
Jalisco, Yucatán, San Luis de Potosí, Oaxaca y Querétaro (2009), Chiapas y
Tamaulipas (2010), Veracruz (2017), Sinaloa (2018), Nuevo León (2019)[9].
La
serie de reformas permiten distinguir dos contextos de debate claramente
identificados. El primero busca la despenalización desde la perspectiva
socio-jurídica; el segundo busca mantener la penalización apelando al ámbito
moral y religioso
El
discurso en torno a la defensa de la vida ha posicionado una visión que
pretende dar validez jurídica a una serie de aseveraciones con carácter moral
puestas en evidencia en dictámenes ulteriores de la SCJN. El período posterior
a 2007 no solo muestra el nivel de polarización, sino también un renovado
esfuerzo por parte de los actores para configurar nuevos escenarios de debate.
Uno de esos actores que responde a la carencia de apertura por parte de las
organizaciones políticas es la SCJN que a través de diversos dictámenes ha
allanado el camino para reformas posteriores. En el dictamen sobre la Acción de Inconstitucionalidad AI 148/2017[10]
la Corte señala algunos aspectos relevantes para las futuras reformas: a) la
decisión de abortar corresponde a la convicción individual; b) el principio de
dignidad humana; c) período razonable (12 semanas). Para este dictamen ya se
había establecido la imposibilidad de determinar el comienzo de la vida y la
ponderación del derecho de la mujer.
El
dictamen de la AI 106/2018 y AI 107/2018 pone
de relieve la comúnmente referida ficción de la “colisión de derechos” entre el
feto y la mujer, señalando que “es importante deconstruir este imaginario y
entender que las decisiones autónomas de las mujeres deben respetarse porque el
embarazo es un proceso que ocurre en su cuerpo” (SCJN,
2018: 22). Por este motivo, el antagonismo queda evidenciado al
establecer que se prioriza la vida de la mujer (persona) y su autonomía
(capacidad de decisión) en concordancia con la inexpropiabilidad
de su cuerpo por otros intereses ya sean de “la colectividad, el Estado, los
padres, las parejas, los profesionales de la medicina; entre otros” (SCJN, 2018: 22).
Con
estos argumentos se expresa una trayectoria que no sigue el camino de la
deliberación política al interior de las legislaturas, sino que actúa como una
respuesta por parte de actores (de ambos bandos) que demandan una respuesta de
la Corte, lo cual tampoco se constituye en un mecanismo de presión hacia los
actores políticos estatales[11].
Cuadro 2. Evolución de las reformas
sobre aborto en México
|
Entidad federativa |
Año |
Tipo de reforma |
Especificaciones[12] |
|
CDMX |
2007
(abril) |
Código
Penal y Ley de Salud |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales |
|
Oaxaca |
2019
(sept.) |
Código
Penal |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales |
|
Hidalgo
|
2021
(junio) |
Código
Penal y Ley de Salud |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales |
|
Veracruz |
2021
(julio) |
Código
Penal |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales |
|
Coahuila |
2021
(sept.) |
SCJN,
AI 148/2017 |
Invalidez
art. 196 Código Penal |
|
Baja
California |
2021
(oct.) |
Constitución,
Código Penal, Ley de Salud, Ley de Víctimas |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales |
|
Colima
|
2021
(dic.) |
Constitución,
Código Penal, Ley de Salud |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales |
|
Sinaloa |
2022
(marzo) |
Constitución,
Código Penal, Ley de Salud, Código Civil, Código Familiar, Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia |
Voluntario
hasta 13 semanas + causales |
|
Guerrero |
2022
(mayo) |
Código
Penal |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales* |
|
Baja
California Sur |
2022
(junio) |
Código
Penal, Ley de Salud |
Voluntario
hasta 12 semanas + causales |
Fuente: elaboración propia.
Como ya se ha
señalado, la evolución del aborto descrita en el cuadro 2, da cuenta de una
tendencia hacia la reforma jurídica antes que la deliberación política. El
espacio dejado por las instituciones políticas ha sido cubierto por la Corte.
Llama la atención
que tanto en 2007 como a partir de 2018 el impulso político de las reformas
viene de dos partidos de izquierda (PRD y MORENA) que actúan como puente entre
las demandas de los grupos sociales y el sustrato de las reformas establecido
por la SCJN. Con esto no se quiere decir que haya un posicionamiento
abiertamente a favor de este tipo de reformas.
Así, por ejemplo,
el dictamen de la SCJN N°. 271/2021 (septiembre) declara de forma unánime como
inconstitucional la criminalización total del aborto, es decir no se trata de
una reforma de carácter político sino de una norma jurídica de carácter federal
que es canalizada por los actores al interior de las diferentes entidades
federativas.
Los movimientos
feministas tampoco han consolidado redes de incidencia política comparables a
las que han aplicado los actores conservadores que cuentan con mayores
recursos. Esto no significa que a nivel social el feminismo sea un movimiento
débil, sino que el impulso en la toma de decisiones demanda articular y
fortalecer redes de incidencia política capaces de impulsar reformas al
interior de las arenas políticas.
5. Análisis de
datos
Una forma de acceder al mecanismo de construcción de
políticas morales es a través de las élites, tanto por su papel representativo
como por su capacidad de influencia sobre otros grupos, bajo el presupuesto que
su modo de actuar y las estrategias que utilizan tienen un condicionamiento
sociocultural, socioeconómico e institucional (Alcántara
y Llamazares, 1997).
Con los datos disponibles sobre las opiniones y
posicionamientos de las élites legislativas sobre aborto el cuadro 3 presenta
estadísticos descriptivos para ésta y las demás variables.
Cuadro
3. Estadísticos descriptivos México
|
Variable |
N |
Media |
Desv. est. |
|
aborto |
984 |
5,68 |
3,3 |
|
ideología |
991 |
4,93 |
1,9 |
|
práctica religiosa |
884 |
5,32 |
2,7 |
|
nivel de educación |
1003 |
5,13 |
,792 |
|
sexo |
1000 |
1,29 |
,455 |
Fuente:
elaboración propia con datos PELA-USAL.
Los datos precedentes muestran un comportamiento
general de las variables analizadas. Las filas representan las variables
mientras que las columnas se refieren al tamaño de la muestra, media,
desviación estándar. La medida de tendencia central presenta valores por encima
de 5 excepto en la variable ideología. Con respecto a la desviación, los
valores son próximos a las medias.
Con este antecedente, se elabora un cuadro de
correlaciones para identificar el nivel de asociación entre las variables
independientes y la variable aborto.
Cuadro 4. Correlaciones VD y VI – México
|
Variables |
Correlación de Pearson |
|
|
aborto |
|
ideología |
-,494** |
|
práctica religiosa |
-,475** |
|
nivel de educación |
,023 |
|
sexo |
,063* |
**sig.
0,01 y * sig. 0.05
Fuente: elaboración
propia con datos PELA-USAL.
Los datos del cuadro 4 muestran un
importante nivel de correlación entre variables. Destaca la correlación de las
variables ideología y práctica religiosa. Llama la atención el signo negativo
(la variable dependiente se moverá en sentido contrario a la variable independiente)
y el efecto medio que da cuenta de un decremento en la variable X y un aumento
en la variable Y. Dada la particularidad de la variable religión, se ha
construido una dummy[13]
para de esta manera elaborar una tabla cruzada con la variable dependiente. El
gráfico 1 muestra el predominio de los posicionamientos en contra del aborto,
pero en un escenario de dispersión de los datos.
Gráfico 1. Tabla cruzada VI Religión VD Aborto
Fuente: elaboración propia con datos PELA-USAL.
Para corroborar el tipo de
asociación y la capacidad predictiva de cada variable, se procede a elaborar un
modelo de regresión. Para este ejercicio se ha construido dummies
a partir de las variables religión y nivel de educación. La fórmula de la
regresión es la siguiente:
Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 + β5X5 + e
Donde
Y= variable dependiente
β0= constante en Y
β1- β 5= coeficientes de regresión
X1-X5 = variables independientes
e= error
Siguiendo la línea de la hipótesis,
se presta mayor atención a las variables ideología, práctica religiosa y
religión. El cuadro 5 presenta los resultados.
Cuadro 5. Resultados de regresión por períodos legislativos
– México
|
Variables |
ideología |
práctica relig |
relig1 |
educ1 |
sexo |
F-valor |
p-valor |
R2 (ajust) |
N |
|
|
1994-1997 |
aborto |
-,340** |
-,455** |
-,054 |
-,098* |
-0,041 |
17,7 |
0 |
0,427 |
113 |
|
(,137) |
(,069) |
(,024) |
(,024) |
(,570) |
||||||
|
1997-2000 |
aborto |
-,191* |
-,319** |
-,267** |
-,001 |
,106* |
11,9 |
,000 |
,347 |
104 |
|
(,164) |
(,096) |
(,876) |
(,561) |
(,632) |
||||||
|
2000-2003 |
aborto |
-,381** |
-,350** |
-,177* |
-,103* |
-,041 |
13,2 |
,000 |
,384 |
101 |
|
(,165) |
(,099) |
(,024) |
(,498) |
(,551) |
||||||
|
2003-2006 |
aborto |
-,213** |
-,160* |
,020 |
,075 |
,055 |
2,17 |
,063 |
,055 |
102 |
|
(,208) |
(,161) |
(1,9) |
(,736) |
(,859) |
||||||
|
2006-2009 |
aborto |
-,356** |
-,319** |
-,056 |
,086 |
,061 |
10,4 |
,000 |
,320 |
101 |
|
(,179) |
(,161) |
(2,9) |
(,624) |
(,671) |
||||||
|
2009-2012 |
aborto |
-,264** |
-,228** |
,049 |
,124* |
-,040 |
2,7 |
,025 |
,100 |
80 |
|
(,212) |
(,134) |
(2,0) |
(,030) |
(,748) |
||||||
|
2012-2015 |
aborto |
-,562 |
-,295** |
,007 |
-,057 |
,116* |
13,9 |
,000 |
,491 |
68 |
|
(,133) |
(,133) |
(,026) |
(,013) |
(,641) |
||||||
|
2015-2018 |
aborto |
-,209** |
-0,519 |
,081* |
-0,025 |
0,055 |
8,4 |
0 |
0,323 |
79 |
|
-0,161 |
-0,115 |
-1,4 |
0,59 |
-0,592 |
||||||
|
2018-2021 |
aborto |
-,384** |
-,467** |
-0,003 |
-0,026 |
0,082 |
10,9 |
0 |
0,374 |
84 |
|
-0,136 |
-0,108 |
-0,802 |
-0,583 |
-0,578 |
**sig. 0,01 y * sig. 0.05
Fuente:
elaboración propia con datos PELA-USAL.
Los datos obtenidos a partir del
modelo de regresión están relacionados con las pistas ofrecidas por el
ejercicio de correlación. En este caso se mide el nivel de asociación y la capacidad
predictora entre las variables. El proceso de
interpretación se realiza tomando en cuenta los indicadores de la parte
inferior de la tabla. En la mayoría de los períodos el nivel de ajuste (R2)
es significativo, lo que permite una mejor lectura de los coeficientes. La
tendencia general se caracteriza por el predominio de asociaciones con signo
negativo lo que indica que el aumento en una de las variables se refleja en el
decremento de otra. El p valor es significativo.
En el caso de la variable ideología
la mayor parte de los períodos muestran significancia. Al tener un valor
negativo, su relación con la variable dependiente es inversa, los valores
decrecen y aumentan en una y otra variable. Situación semejante ocurre con la
variable práctica religiosa, los posicionamientos cercanos a una mayor
asiduidad religiosa están relacionados con posicionamientos en contra.
La variable religión presenta una
situación particular. En cuatro períodos la significancia es de carácter
negativo y en el resto es de carácter positivo. En el primer caso destaca el
período 1997-2000 mientras que en el segundo el período 2015-2018. La variable
práctica religiosa tiene significación negativa con valores destacables a
partir de 2015. En el caso de las variables nivel de educación destaca el
período 2009-2012, mientras que en la variable sexo el período 2012-2015.
Con los datos disponibles se puede
afirmar que conforme los posicionamientos se ubican más a la derecha, con mayor
nivel de práctica religiosa y a tono con la religión predominante, sus
opiniones sobre aborto decrecen. Una mirada de conjunto permite identificar la
relación entre las variables ideología religión y práctica religiosa. Por un
lado, los procesos de apertura política a comienzos de siglo dan cuenta de un
reacomodo de fuerzas con una importante pulsión hacia la izquierda (PRD) que
había facilitado las transformaciones en CDMX, pero no logró hacerse con la
presidencia.
Por otro lado, el período 2015-2018
permite relacionar estos datos con la transformación que generó la irrupción de
un nuevo partido político (MORENA) que al hacerse con la presidencia y el
control del legislativo abre un nuevo panorama de oportunidades más notable a
nivel estatal que federal.
6. Conclusiones
En esta investigación nos
preguntamos por la transformación de las opiniones legislativas en torno al
aborto. Como hipótesis planteamos que hay una relación directa entre las
variables ideología, práctica religiosa y
religión con la variable aborto. Esta relación es directa y se manifiesta de
forma negativa.
El primer ejercicio de análisis
muestra cómo se han ido abordando aspectos vinculados al tema del aborto desde
una perspectiva contexto-agente. El segundo ejercicio explica la transformación
de las opiniones de las élites en relación con un escenario de
apertura/restricción hacia el aborto.
El análisis de trayectoria permite
identificar un escenario plural, donde no necesariamente la opinión de las
élites (en este caso las parlamentarias) refleja la opinión de los individuos y
de la ciudadanía. Con fines heurísticos se han identificado dos tendencias, una
hacia la despenalización y a la prevalencia de los derechos de las mujeres y
otra que defiende la penalización y la vida del feto. La primera se alinea con
un escenario de corte liberal y de derechos globales, mientras que la segunda
reúne a grupos conservadores en un entorno de sociedad tradicional.
Pese a que los movimientos
feministas mexicanos tienen un largo recorrido histórico, su capacidad de
incidencia para impulsar transformaciones está condicionada a la apertura
institucional por parte de partidos de izquierda, como ha ocurrido en otros
países donde las reformas han tenido apoyo contundente, no solo en las calles
sino también con una amplia red al interior de las instituciones, en especial
los parlamentos.
El caso de México sigue una línea
particular. La base de las reformas tiene un componente jurídico impulsado por
la SCJN. El antecedente de la despenalización en la CDMX (relacionado con el
rol del PRD) se traduce en una serie de reformas constitucionales a nivel
estatal de carácter regresivo. El período en el que ocurre otra reforma (desde
2007 hasta 2019) ha estado cubierto por una serie de dictámenes jurídicos a
favor de los derechos de las mujeres.
Este escenario contrasta con el
análisis de los datos, puesto que hay un alto nivel de correlación y
significancia entre las variables. Ideología, religión y práctica religiosa
predicen los posicionamientos de las élites sobre aborto que dan cuenta de un
escenario desfavorable.
El parlamento mexicano ratifica el
postulado según el cual los actores políticos son reticentes a incluir temas
morales en sus agendas; sin embargo, cabría profundizar el análisis para
corroborar si este mismo comportamiento se produce a nivel estatal bajo la
premisa de que las reformas en favor del aborto a partir de 2019 tienen un
vínculo con el predominio del partido de gobierno en los legislativos locales.
Esta afirmación provee un matiz
particular al presupuesto teórico que guía este trabajo: en el caso de México a
nivel federal, los movimientos feministas no han encontrado apertura en los
partidos de izquierda para impulsar sus demandas a favor del aborto; sin
embargo, a nivel estatal estos partidos han abierto ventanas de oportunidad para
establecer regulaciones.
A pesar de los avances en cuanto a
despenalización y legalización, las mujeres en México enfrentan múltiples
barreras no solo de carácter sociocultural como la influencia de las creencias
religiosas, sino también barreras estructurales que denotan el predominio de
sectores conservadores con fuerte capacidad de incidencia a nivel local y
federal.
Si bien se han definido actores
relevantes (movimientos feministas, élites parlamentarias, SCJN, partidos
políticos), cabe destacar el rol de las variables desde una perspectiva
cultural: la pervivencia de modelos tradicionales que vinculan el rol de la
mujer con la maternidad es cuestionada por ciertos grupos, pero no encuentra
eco en sus representantes políticos.
Esto no permite afirmar que los
actores judiciales sean progresistas, pero sí se atisba una clara influencia
del Sistema Internacional de Derechos Humanos y su vertiente de derechos
sexuales y reproductivos. Tampoco se descarta que en muchos países la vía
judicial ha sido utilizada para frenar y menoscabar las demandas sociales sobre
temas como aborto.
Si bien esta investigación no
profundiza en los niveles de incidencia política de los movimientos feministas,
queda abierta la posibilidad de investigar el modo en que este y otros actores
sociales permean las instituciones para construir estrategias efectivas a la
hora de impulsar demandas vinculadas con la equidad de género.
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ANEXO I – Cuestonario base de datos PELA-USAL
[1] Esta investigación se elaboró en el
contexto del marco de colaboración USAL-UAS como producto de una estancia. Se
agradece la colaboración del Cuerpo Académico de Derecho Constitucional CA-187,
Facultad de Derecho Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. También
agradezco los comentarios y observaciones del cuerpo editorial de la Revista
Cuestiones de Género.
[2] Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos-CPEUM, art. 73.
[3] La autora señala cuatro tipos de
provisión de bienestar: (1) sistemas subfinanciados
pero semiuniversales; (2) financiamiento alto y sostenible y sistemas universales a semiuniversales; (3) sistemas altamente financiados pero segmentados; y (4) sistemas segmentados y de bajo
gasto
[4] Para profundizar sobre el concepto
de dignidad ver: Waldron, 2012, 2019.
[5] En el caso específico del derecho al
aborto en México ver: Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, donde la Suprema
Corte de Justicia de la Nación establece criterios para la garantía del derecho
a decidir tanto para mujeres como para personas gestantes (SCJN, 2022).
[6] Base de datos disponible en https://oir.org.es/pela/ [24/05/2023].
[7] Para un análisis en profundidad de
estos grupos ver
[8] Fuerzas de seguridad ingresan en una
clínica abortiva, arrestan y torturan a varias personas. Para más detalles ver:
Human Right Watch, 1990: 17.
[9] Datos disponibles en GIRE, 2018: 52.
[10] Publicada el 07 de septiembre de
2021, resumen disponible en https://rb.gy/7j1q0 [24/05/2023].
[11] En el escenario internacional, la
apelación a las Cortes de Justicia puede ser usada como una estrategia de “juridificación de la sexualidad”. Ver Vaggione
(2018).
[12] Las causales
para la no punibilidad del aborto son: voluntad de la mujer (hasta las 12
semanas), violación, peligro de muerte para la mujer, alteraciones genéticas o
congénitas graves en el producto, inseminación artificial no consentida,
imprudencial o culposo. En el estado de Guerrero se agrega una causal: la no
prestación anterior del servicio.
[13] La variable religión tiene 11
opciones, pero predomina la opción “cristianismo” (1) por lo que se ha
mantenido esa categoría asignando 0 al resto de opciones. Ver Anexo.