El “Mayo Feminista” de 2018:

Un nuevo ciclo de movilización en el feminismo estudiantil chileno

 

TheFeminist May” of 2018: A new cycle of mobilization in Chilean student feminism

 

 

Estrella Montes-López

Helena Román-Alonso

Pamela Catalina Barra-Lobos

estrellamontes@usal.es

hroman@uahurtado.cl

pbarral@enac.cl

Universidad de Salamanca – España

Universidad Alberto Hurtado Chile

ENAC – Centro de Formación Técnica – Chile

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8226-7504

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3459-0411

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3390-1927

 

 

Recibido:   11-03-2025

Aceptado:  23-05-2025

 

 

Resumen

Este estudio persigue identificar los elementos de continuidad y de novedad del movimiento feminista estudiantil chileno que emerge con fuerza en 2018 en relación con movilizaciones previas. La metodología empleada ha sido la revisión bibliográfica sistematizada. La búsqueda incluyó bases de datos académicas nacionales e internacionales, seleccionando estudios publicados entre 2011 y 2020 sobre el movimiento feminista estudiantil en Chile. Los resultados muestran que heredó luchas feministas previas e integró demandas estudiantiles, a la vez que adoptó nuevas formas de protesta, incorporó a colectivos disidentes y generó una ruptura con la institucionalización del feminismo. Este trabajo concluye que el “mayo feminista” consolidó un nuevo ciclo de movilización feminista, influyendo en políticas de género y en el debate social.

Palabras clave: Chile, continuidad y ruptura, educación no sexista, mayo feminista, movimiento feminista estudiantil.

 

Abstract

This study aims to identify the elements of continuity and novelty of the Chilean feminist student movement that emerged strongly in 2018 in relation to previous mobilisations. The methodology used was a systematised literature review. The search included national and international academic databases, selecting studies published between 2011 and 2020 on the student feminist movement in Chile. The results show that it inherited previous feminist struggles and integrated student demands, while adopting new forms of protest, incorporating dissident collectives and generating a rupture with the institutionalisation of feminism. This paper concludes that ‘Feminist May’ consolidated a new cycle of feminist mobilisation, influencing gender politics and social debate.

Keywords: Chile, continuity and rupture, non-sexist education, feminist May, feminist student movement.

1. Introducción

 

 

En las últimas décadas, el movimiento feminista chileno se caracterizó por experimentar un cierto silencio o latencia, que se vio abruptamente cuestionado con las movilizaciones de 2018 en numerosas universidades y escuelas secundarias del país -el conocido como ‘Mayo feminista’-. Los detonantes de estos eventos fueron las denuncias por acoso sexual del profesorado y la respuesta de las instituciones -protección o encubrimiento de los acusados, cuestionamiento de las víctimas, lentitud de la investigación, sanciones menores para los culpables, etc.-. Como réplica, numerosas estudiantes de todo el país ocuparon edificios de sus centros de estudio, decididas a impedir el desarrollo de las actividades académicas mientras no se abordara esta situación. Las reivindicaciones iniciales pronto ampliaron el alcance, asumiendo una mirada estructural más allá de medidas puntuales para prevenir el acoso sexual en las instituciones de educación superior o intervenir en caso de que se produjera. La demanda finalmente provocó la reinstalación de la exigencia de una educación libre de sesgos de género (Barra-Lobos, Montes-López y Román-Alonso, 2023).

Aunque la fuerza de las movilizaciones feministas de 2018 fue inédita, lo cierto es que este fenómeno tiene antecedentes durante los 70 y 80 en la región. En diversos países de Latinoamérica surgieron numerosos colectivos de mujeres activistas en la lucha por la democracia (Carosio, 2019b; Errázuriz, 2019; Gálvez, 2016) que anticiparon la crítica a la educación formal como espacio patriarcal de reproducción de las desigualdades (Follegati, 2016).

La supuesta ‘latencia’ del feminismo universitario, y en cierta medida del movimiento estudiantil (Richard, 2018), se vio interrumpida cuando las denuncias por acoso sexual en universidades acabaron escalando a paros educativos, marchas, actos performativos y ocupación (‘tomas’) de edificios, dando el movimiento un nuevo impulso en todo el país (Dinamarca, 2019), nombrado como: “Tsunami feminista, Revuelta feminista, Mayo feminista o Año de las tomas feministas” (Barrientos, 2021: 135).

Estos eventos se dieron en un contexto de reacción internacional frente a la violencia contra las mujeres (p. ej. las campañas Ni una menos y Me too o el Pañuelazo verde en Argentina, entre otras). Esto supuso una condición favorable y una oportunidad política para la emergencia y expansión de las movilizaciones de 2018 (Fernández y Moreno, 2019; Molina, 2018; Obreque, 2019; Ponce, Nina-Estrella y Ortiz, 2019; Valdés, 2018).

En este artículo, y a través de una revisión bibliográfica sistematizada, se identifican y exponen los elementos de continuidad y novedad del movimiento estudiantil feminista chileno en el periodo 2011-2020. Primero se presenta el desarrollo del movimiento feminista chileno; luego se describe el proceso metodológico llevado a cabo; en tercer lugar, se recogen los resultados de la investigación y, por último, se discuten las implicaciones de los hallazgos, acompañadas de las conclusiones, que incluyen líneas de investigación futura.

 

2. El movimiento feminista en Chile

 

 

La acción política y social de las mujeres en Chile ha adoptado diversas formas de organización y manifestación, especialmente desde el siglo XX. En sus inicios, como en otros países, cobró fuerza la demanda de acceso a la educación y a la cultura. Esta lucha fue impulsada por diversas organizaciones -no siempre identificadas abiertamente con el feminismo- que articularon una agenda reivindicativa (Gálvez, 2021).

Un hito relevante de este periodo fue la fundación del Club de Lectura por Amanda Labarca en 1915. Si bien su objetivo inicial era fomentar la educación y la cultura entre mujeres, sin importar su condición social, este espacio se transformó en una plataforma de reflexión sobre sus derechos civiles y políticos. En 1919, el Club dio paso al Consejo Nacional de Mujeres, una organización que abogó por el sufragio femenino, el divorcio, el control de la natalidad y la ampliación de las oportunidades laborales para las mujeres (Barrancos, 2020).

Gracias al impulso de estas pioneras -entre ellas, Elena Caffarena, abogada y crítica de la explotación laboral femenina, y María de la Cruz Toledo, primera senadora del país- se lograron avances decisivos. En 1934, se reconoció el derecho al voto en elecciones municipales, y en 1949, el sufragio fue extendido a elecciones presidenciales y parlamentarias (Cerda, Gálvez Comandini y Toro, 2021).

En las décadas siguientes, las demandas feministas fueron excluidas de la agenda política. Este período, conocido como el “silencio feminista”, coincidió con una exaltación del rol tradicional de la familia y una caracterización de las mujeres populares desde la pasividad (Kirkwood, 1984). La represión del comunismo y la posterior dictadura militar contribuyeron a desarticular las redes sociales y políticas que habían comenzado a consolidarse a inicios del siglo XX (Alfaro, Inostroza y Hiner, 2021; Miranda y Henríquez, 2021).

No obstante, en los años 70 resurgieron numerosas organizaciones feministas -de estudiantes, católicas, pacifistas o de izquierda, entre otras- que enfrentaron la represión dictatorial desde una crítica al autoritarismo y al imperialismo (Carosio, 2019b). Estas agrupaciones no solo denunciaron las violaciones de derechos humanos, sino que también lucharon por mejorar el bienestar social de las mujeres, entendiendo que no podía haber democracia sin feminismo (Kirkwood, 1984).

Durante los años 80, el feminismo chileno vivió un proceso de rearticulación, favorecido por el retorno de mujeres exiliadas y su conexión con organizaciones populares (Eltit, 2018; Miranda y Henríquez, 2021). En este contexto, el movimiento resurgió con fuerza como actor político, adoptando una postura crítica frente a las estructuras patriarcales de la democracia tradicional (Luna, 1994). Al cuestionar la separación entre lo público y lo privado, el feminismo amplió los márgenes de lo político: incorporó nuevas temáticas -como la violencia doméstica, la sexualidad, el trabajo no remunerado- y nuevos sujetos políticos, especialmente mujeres excluidas de los espacios formales de representación (Kirkwood, 1984). Esta redefinición permitió a muchas mujeres reconocerse en el feminismo como identidad política y colectiva.

Una figura central en este proceso fue Julieta Kirkwood, quien, en plena dictadura, formuló una crítica radical al patriarcado y a la exclusión de las mujeres de la vida política. En su obra Ser política en Chile (1986), analizó la relación ambigua entre feminismo y partidos, y defendió una democracia que abarcara no solo el Estado, sino también el hogar y el cuerpo: “en el país, en la casa y en la cama”. Su pensamiento no solo inspiró a los movimientos de la época, sino que también sentó las bases de los estudios de género en el ámbito académico, influyendo hasta hoy en las luchas feministas contemporáneas (Carosio, 2019b).

Junto a Kirkwood, otras intelectuales y activistas como Margarita Pisano -quien ofreció una fuerte crítica al patriarcado y a las formas institucionalizadas del feminismo- fueron fundamentales en la construcción del feminismo autónomo -no subordinado al Estado, a los partidos ni a las agendas institucionales- como proyecto civilizatorio-cultural (Duperut, 2023).

En los años 90, recuperada la democracia, comenzó una etapa de institucionalización: se desarrolló investigación en este ámbito; el movimiento se incorporó a la formación de los centros universitarios, y se crearon jornadas, cátedras y organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales feministas. Pese a los avances, este proceso condujo a una despolitización del movimiento, perdiendo autonomía y fuerza ideológica (Anzorena, 2006; Rojas, 2018) y generando un debate interno. Por un lado, se consideró la institucionalidad como una vía de acceso a la toma decisiones e incidencia para mejorar la vida de las mujeres, reconocer las desigualdades de género dentro de la agenda pública y articular mecanismos para enfrentarlas (Paradis y Matos, 2013). Por otro lado, esto se consideró como una forma de cooptación del movimiento por parte de las instituciones, rebajando la pretensión transformadora de la sociedad en todas sus dimensiones (Paradis y Matos, 2013; Vargas, 2008). Esta institucionalización implicaba un ajuste de las demandas a la agenda de los gobiernos y la invisibilización de ciertos temas, como el aborto (Vargas, 2008).

Las políticas públicas situaban a la mujer principalmente en su rol reproductivo y las demandas pasaron de configurarse como un proyecto emancipador a dar respuesta a temas puntuales de manera fragmentada (equidad salarial, conciliación, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, etc.), medidos a través de indicadores (Follegati, 2018b). Estas estrategias reforzaban los roles de género tradicionales bajo la orientación del sostenimiento de la familia (tradicional) y la maternidad, sin cuestionar la alianza entre el sistema neoliberal y el patriarcado. Además, el financiamiento internacional de las ONG se promovía desde el norte, con una lógica vertical y respondiendo a los intereses de la masculinidad y sus instituciones (Pisano, 2001). En contraposición, desde el feminismo institucional se consideraba excluyente y reduccionista esta mirada, forzando la oposición interna y considerándose la voz legítima de la agenda feminista (Vargas, 2008).

En el siglo XXI, esta división ha ido perdiendo fuerza a la vez que se ha reconocido la diversidad de feminismos, dando voz a las perspectivas afrodescendientes, lesbianas, adultas mayores, indígenas, ecológica o populares, entre otras (Carosio, 2011; 2019a; Curiel, 2015; Rivera, 2018)[1]. Las categorías analíticas de la interseccionalidad y la decolonización se han instalado en los estudios del feminismo, cuestionando la concepción importada de la mujer y defendiendo la emancipación del feminismo occidental (Curiel, 2015). Se ha buscado reconocer que la mujer no constituye un grupo social homogéneo, sino que se pueden encontrar variedad de experiencias identitarias -raza, etnia, clase, edad, origen- (Gargallo, 2019).

Además, han cobrado fuerza las demandas referidas al cuerpo, la sexualidad, la violencia hacia la mujer y el aborto legal (Carosio, 2019a), cosechándose algunas conquistas en Chile: organizaciones de todo el país se han unido en una campaña que busca erradicar la violencia hacia las mujeres desde 2007; se creó el Observatorio contra el Acoso Callejero en 2014; se despenalizó el aborto en tres supuestos en 2017; y se promulgaron, entre otras, leyes que consiguieron sancionar el acoso sexual en espacios públicos (Ley 21.153, de 2019), ampliar la tipificación del feminicidio incluyendo los asesinatos de mujeres por razón de género cuando se producían fuera de la relación de pareja (Ley 21.212, de 2020) o el reconocimiento de la violencia de género en el noviazgo (Ley 21.367, de 2021).

La convocatoria del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2019 tuvo una respuesta masiva. No obstante, en ella fue posible reconocer disonancias fruto de la pluralidad de feminismos, como ya había pasado en otros momentos (Nobre y Trout, 2008), además de las diferencias generacionales y las distintas posturas frente al rol de los hombres en la lucha.

Entre los desafíos actuales del movimiento feminista, y en particular en el estudiantil, se incluye vincular la academia y las organizaciones sociales, evitando el elitismo; integrar a más mujeres de sectores vulnerables; avanzar en el debate sobre el rol de los hombres dentro del movimiento, y no caer en nuevas institucionalidades que hagan perder el horizonte de la transformación social (Gargallo, 2019).

 

 

3. Objetivo de investigación y metodología

 

 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia sobre las protagonistas del movimiento feminista estudiantil chileno de 2018. En concreto, este artículo persigue el objetivo de identificar los elementos de continuidad y de novedad y/o ruptura del movimiento feminista estudiantil chileno que emerge con especial fuerza en 2018 en relación con movilizaciones previas. El método empleado para alcanzarlo ha sido la revisión bibliográfica sistematizada.

Esta metodología implica un proceso exhaustivo de recopilación de investigaciones académicas relacionadas con un tema y contexto particular, cuyo análisis permite obtener un conocimiento completo, tanto desde el enfoque teórico como metodológico, y así elaborar conclusiones basadas en las evidencias obtenidas (Bustamante, de Souza y Vieira, 2021; Gallego-Morón, Matus-López y Gálvez-Muñoz, 2020; Sánchez-Meca, 2010).

El método de examen sistematizado se desarrolló de acuerdo con las recomendaciones de la declaración PRISMA, lo que derivó en una serie de decisiones metodológicas. En primer lugar, la búsqueda de documentos incluyó bases de datos internacionales y nacionales, seleccionando todos los estudios potencialmente pertinentes. Se revisaron Web of Science, Scopus, EBSCOthost, ProQuest[2], JSTOR, SCIELO y Worldcat. Además, se incorporaron los resultados de la búsqueda en el portal bibliográfico Dialnet; en los motores de búsqueda científica WorldWideScience y BASE (Bielefeld Academic Search Engine); en Google Scholar, y en los repositorios de tesis de las universidades chilenas.

Además de la expresión “movimiento feminista estudiantil chileno”, en la búsqueda se utilizaron variaciones con “movilización”, “acción colectiva” o “protesta” -además de sus plurales- como sinónimos de movimiento; estudiantes o universitario junto a estudiantil; además de los términos feminista, feminismo y Chile -y sus derivados-. Estas palabras clave se combinaron en varias ecuaciones de búsqueda, tanto en español como en inglés[3].

Inicialmente se intentó construir una sola expresión de búsqueda compleja que agrupara todos los términos indicados. Sin embargo, esta no resultó útil en todas las fuentes consultadas. En ocasiones su uso no permitía obtener resultados y, en otras, estos no eran adecuados a los fines de la investigación. La diversidad de las fuentes y sus características internas de funcionamiento explican esta situación y la decisión de ajustar la búsqueda a las características de cada una de ellas.

Como criterios de inclusión se establecieron que los artículos estuvieran centrados en el estudio del movimiento feminista estudiantil; contextualizados en Chile; publicados entre 2011 y 2020 y que abordaran las formas de movilización y/o las demandas realizadas. No se incluyeron notas de prensa, resúmenes de tesis y reseñas de libros.

La acotación del período temporal responde, por un lado, a que las demandas feministas se han alineado con las reivindicaciones del movimiento estudiantil contra el modelo educativo de mercado. A partir de las movilizaciones de 2011, aparecieron por primera vez comités o áreas de género en las organizaciones estudiantiles y surgieron nuevas agrupaciones, específicamente feministas y estudiantiles. Por otro lado, responde a que, tras el Mayo Feminista de 2018, el movimiento feminista estudiantil tuvo un impacto inmediato en la agenda pública y en la institucionalidad universitaria, lo que dio lugar a que entre 2018 y 2020 se consolidaran los principales análisis sobre las movilizaciones, reflejando el alcance y consecuencias inmediatas. Además, a finales de 2019 e inicios de 2020 emergen dos crisis de especial relevancia para el país: el estallido social de 2019 y la pandemia generada por el COVID-19. Sobre la primera, Chile vivió una crisis social que reconfiguró las dinámicas de protesta y el debate público. Así, la centralidad del feminismo estudiantil se diluyó en un contexto de movilización más amplia. Sobre la segunda, la crisis sanitaria alteró la actividad universitaria. La mayoría de las universidades chilenas tardaron dos años -hasta marzo de 2022- en retomar la actividad presencial desde la suspensión inicial en marzo de 2020. Esto, indudablemente, limitó las movilizaciones presenciales, afectando al desarrollo del movimiento estudiantil y reduciendo la producción de nueva investigación en el corto plazo.

Los resultados de la búsqueda electrónica fueron registrados en una base de datos, eliminando los duplicados. Las tres autoras revisaron los títulos y resúmenes de las publicaciones haciendo una primera criba y, en caso de duda, se consultó a otra experta. Posteriormente, se almacenaron y examinaron con mayor detenimiento los textos aplicando los criterios señalados. Hecha la selección, se realizó una revisión completa de la literatura citada por si se encontraba algún documento adicional, complementando de esta forma el proceso anterior, en su caso. De esta manera, la amplia base de datos se redujo a 37 publicaciones: 24 artículos, 9 capítulos de libro, un informe, un trabajo final de grado, una tesis de magíster y una editorial.

Posteriormente, se realizó un análisis de todas las publicaciones seleccionadas. La organización, codificación y categorización de la información fue realizada mediante un análisis de contenido (Gibbs, 2012; Mejía 2011). Las categorías que emergieron incluían, entre otras, los hitos precursores del movimiento; sus demandas; los repertorios de acción colectiva y la respuesta institucional y/o alcance social de las protestas. Como se ha señalado, este texto se centra en identificar, particularmente, los elementos de continuidad y de novedad del movimiento feminista estudiantil chileno reciente.

 

 

4. Resultados

 

 

Un primer análisis descriptivo de las publicaciones revela que, pese a considerar el período 2011-2020, solo un texto es anterior a 2018. Esto puede indicar que, aunque las demandas feministas ya estaban presentes en las movilizaciones por la educación de los años previos, el feminismo estudiantil como tal aún tenía poca fuerza. Posteriormente, se publicaron 14 documentos en 2018; 16 en 2019 y la cifra descendió a seis en 2020; coincidiendo con el ciclo de acciones colectivas.

El ámbito educativo de análisis predominante fue la universidad (31), ya que apenas tres publicaciones contemplaban exclusivamente el movimiento feminista estudiantil en los centros de educación secundaria y otras tres en ambos espacios. Además, los textos se elaboraron fundamentalmente a partir de fuentes secundarias (23). Estos analizaban la información disponible en redes sociales, foros o páginas web; noticias de prensa; documentos de organizaciones feministas; petitorios y manifiestos de las movilizaciones; textos jurídicos; políticas y/o proyectos educativos, o analizaban los acontecimientos de mayo de 2018 - especialmente en torno a las demandas-, con fundamento en la literatura feminista y de movimientos sociales.

El resto de las publicaciones, 14 en total, analizaron datos primarios, ya fuera de manera exclusiva (8) o combinándolos con fuentes secundarias o literatura sobre la temática (6). Todas emplearon técnicas de investigación cualitativa: entrevistas (8), observación participante (4), etnografía (2), historias de vida (1), metodología de acción-participación (1), estudio de casos (1) y técnicas grupales (1). Además, algunas combinaron distintas estrategias de investigación, en particular entrevistas con técnicas de observación o metodología participativa.

 

4.1. Elementos de continuidad respecto a otros movimientos sociales

 

Las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en 2018 en las instituciones educativas chilenas lograron articular las demandas de las protestas estudiantiles, la herencia del feminismo chileno y latinoamericano y las reivindicaciones de movimientos globales más recientes contra la violencia y la vulneración de derechos de las mujeres. En este sentido, es posible identificar en los textos algunos elementos que indican una lógica de continuidad y algunos hitos generadores de condiciones propicias para el resurgimiento feminista en la educación.

 

4.1.1. El feminismo heredado

 

Uno de esos elementos de continuidad es la herencia de las reivindicaciones del movimiento feminista previo. Muchas de las demandas del Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena -igualdad salarial entre hombres y mujeres, acceso a jardines infantiles, aborto libre y gratuito, etc.- siguen vigentes después de 80 años de activismo, incorporándose como parte de las peticiones realizadas en el ‘Mayo feminista’ (Follegati, 2018a).

De los años 70 se heredaron y actualizaron las reivindicaciones de mayor libertad sexual y de liberación del cuerpo de las mujeres (Hueneluf y Vargas, 2020). Los petitorios revelaron la lucha contra las múltiples violencias que los cuerpos jóvenes seguían experimentando y la precarización de sus vidas (Ponce, 2020). Así, se produjo una lectura de las intelectuales de esa época, retomando la consigna de que “lo personal es político” (Miranda y Roque, 2019). Además, recobró fuerza el concepto de patriarcado, como categoría que permite explicar la opresión y la violencia hacia las mujeres y caracterizar a los compañeros y académicos que las ejercen (Palma, 2018).

El feminismo estudiantil también explicitó una continuación con las historias de lucha de las mujeres en dictadura de los años 80 (Ponce, 2020). Al igual que entonces, se cuestionó la lógica patriarcal de la política ejercida por las organizaciones estudiantiles tradicionales (Miranda y Roque, 2019). Además, las protagonistas de aquella época fueron invitadas a participar en muchas actividades, recuperando el vínculo intergeneracional, perdido en los años 90 (Fernández y Moreno, 2019).

Un anclaje global y más reciente del movimiento estudiantil feminista corresponde a la respuesta que se ha dado desde diversos países a situaciones locales de agresiones hacia las mujeres o vulneraciones de sus derechos. Algunos ejemplos son el Pañuelazo verde a favor del aborto en Argentina; el caso de violación grupal de La Manada en España, o las campañas Ni una menos y Me too que se extendieron por todo el mundo (Paredes, Araya y Ortiz, 2019; Ponce, Nina-Estrella y Ortiz, 2019; Ponce, 2020). En ese tiempo, en Chile una mujer fue agredida sexualmente por cinco hombres a la salida del metro (Dinamarca, 2019) y en Brasil asesinaron a Marielle Franco, activista de los derechos de las mujeres afro, indígenas y pobres (Saavedra y Toro, 2018). En las movilizaciones de 2018 se reflejó con fuerza la necesidad de reconocimiento y lucha contra las violencias hacia las mujeres estudiantes dentro de sus centros de estudio, una manifestación más del impulso por generar un cambio estructural local y global.

 

4.1.2. La continuidad de los debates y de las diferenciaciones internas

 

Uno de los puntos de debate en la historia del feminismo ha girado en torno a la militancia política y la pertenencia al movimiento, aspectos que estuvieron presentes en las organizaciones feministas que lucharon por la democracia. En el caso del movimiento feminista estudiantil reciente, esta discusión se reabrió porque algunas de las activistas militaban en partidos políticos y tendieron a reproducir en el interior del movimiento la lógica partidaria -feminismo militante-. Además, defendían la protesta, el separatismo -excluir a los hombres-, la negociación y la incidencia institucional, y tomaban decisiones de forma estructurada (Miranda y Roque, 2019).

En contraposición, otras mujeres demandaron una nueva lógica: horizontal, sin jerarquías y, además, antipatriarcal. Se diferenciaron dos corrientes entre quienes rechazaban las lógicas partidarias dentro del movimiento: por un lado, las feministas independientes, también separatistas, partidarias de la protesta, de la incidencia institucional y de la toma de decisiones semiestructuradas; por el otro, las performativas, de composición mixta no binaria, que defendían las performances como forma de acción y de reflexión política y que se caracterizaban por la toma de decisiones de forma desestructurada (Ibídem).

Cabe destacar que se presentaron diferentes posturas frente a la institucionalidad, un elemento constitutivo de la historia del movimiento feminista. Algunas asumieron la lógica de la política representativa convencional y las formas de protesta tradicionales para conseguir transformaciones institucionales y promover la educación pública no sexista. Otras querían generar nuevas prácticas políticas, siguiendo una corriente de pensamiento autónoma y decolonizadora, poniendo en el centro los afectos, la horizontalidad y la feminización de la resistencia (Motta, Bermúdez, Valenzuela y Simone, 2020).

En este sentido, se ha planteado la necesidad de que las nuevas generaciones reconozcan la memoria histórica del feminismo del sur, así como las contradicciones que lo han constituido dialécticamente (Alfaro y de Armas, 2019), manifestadas en estas diferencias frente a la relación con las instituciones, la organización interna y las preferencias de acción colectiva.

 

4.1.3. La herencia de las movilizaciones estudiantiles

 

Los acontecimientos de 2018 han sido interpretados también dentro del devenir del propio movimiento estudiantil chileno, que tuvo dos grandes hitos en 2006 y 2011. Bastantes textos revisados han señalado que fueron centrales para comprender lo sucedido unos años más tarde en las ocupaciones feministas. Algunas autoras afirman que la reflexión acerca del machismo, tanto de las autoridades como de los propios compañeros, ya estaba presente de manera explícita en las movilizaciones estudiantiles iniciadas en 2011, proyectándose hasta el 2018 (Lillo, 2020).

En aquella instancia de protestas por la educación se generaron comisiones, vocalías y secretarías de género dentro de las federaciones estudiantiles y surgieron colectivos de mujeres, feministas y LGTBQI+ en establecimientos secundarios (Lillo, 2020; Paredes, Araya y Ortiz, 2019). También se elaboraron los primeros protocolos frente al acoso sexual y algunas mujeres se incorporaron a las dirigencias (Alfaro y de Armas, 2019; Ponce, 2020). Lo hicieron incluso explicitando en sus programas de postulación el abordaje de la discriminación hacia las mujeres (Lillo, 2020). Además, existen antecedentes de ocupaciones de edificios, marchas y manifiestos feministas contra la misoginia y el machismo en los centros de enseñanza secundaria (Errázuriz, 2019; Lillo, 2020; Paredes, Araya y Ortiz, 2019).

Posteriormente, en 2014, se celebró el primer congreso de educación no sexista y dos años después se crearon la Coordinadora Feminista Universitaria y la Comisión de Género de la Confederación de Estudiantes de Chile (Lillo, 2020), aunque tuvieron poca repercusión social (Follegati, 2018b).

Por tanto, las movilizaciones estudiantiles fueron un espacio de aprendizaje y de experiencia donde empezar a cuestionar la supuesta igualdad de la educación (Schuster et al., 2019). Pese al alcance limitado de las demandas y a una baja adhesión inicial (Follegati, 2016, 2018b), se puede considerar que hubo continuidad del feminismo en el ámbito de la educación y antecedentes que favorecieron su desarrollo en los eventos de 2018.

Otro aspecto relevante a destacar es que la reivindicación por una educación de calidad y sin lucro no retomó un nuevo impulso hasta las movilizaciones de 2018; incorporando además la de la educación no sexista (Ponce, Nina-Estrella y Ortiz, 2019; Richard, 2018; Schuster et al., 2019). Tras el último ciclo de movilizaciones de 2011, muchas de las reivindicaciones emergentes se fueron convirtiendo en reformas educativas y sus líderes pasaron a formar parte del aparato estatal -como parlamentarios o funcionarios del Ministerio de Educación-. La defensa de una reforma estructural en contra del lucro se vio debilitada, entrando en fase de ‘latencia’ (Ponce, Nina-Estrella y Ortiz, 2019).

Las movilizaciones de 2018 integraron las demandas tradicionales estudiantiles con la lucha feminista contra la desigualdad, el sexismo y las violencias hacia las mujeres en la esfera educativa y en todos los ámbitos de la vida (Ponce, 2020). El cuestionamiento al modelo neoliberal que mercantiliza la educación y reproduce las desigualdades sociales se acrecentó al reconocer al patriarcado como un eje bajo el cual estas se articulan (Fernández y Moreno, 2019; Motta, Bermúdez, Valenzuela y Simone, 2020). Se criticaron las lógicas de la producción y la trasmisión del conocimiento, que generan desigualdades de género en las prácticas pedagógicas, el currículum académico -explícito e implícito-, la cultura institucional, la distribución de cargos, etc. (Richard, 2018)[4]. Además, la violencia sexual fue utilizada por las fuerzas de seguridad como mecanismo de represión contra las mujeres movilizadas (Lillo, 2020).

Además, como parte de la herencia de las movilizaciones estudiantiles, se retomaron algunas acciones como la ocupación de edificios, las asambleas horizontales, la elaboración de petitorios, las marchas en las calles y el uso político performativo del cuerpo (De Fina y Figueroa, 2019; Fernández y Moreno, 2019; Motta, Bermúdez, Valenzuela y Simone, 2020; Obreque, 2019; Ponce, Nina-Estrella y Ortiz, 2019).

 

4.2. Elementos de novedad o ruptura

 

Varios de los documentos analizados aluden al “silencio” del feminismo chileno desde la década de los 90. Esto se habría producido con la llegada de la democracia y a medida que las demandas feministas se fueron institucionalizando y la perspectiva de género se fue transversalizando en algunas organizaciones de la sociedad, tanto públicas como privadas.

Algunas autoras apuntan al debate, incluso ruptura, entre las feministas institucionales, partidarias de trabajar por la igualdad de género desde el Estado, y las autónomas, que defendían un cambio estructural de la sociedad, incluidas las propias instituciones (Huenulef y Vargas, 2020; Follegati, 2018b; Schuster et al., 2019). Sin embargo, las feministas estudiantiles parecieron desmarcarse de estos debates, manifestando una intención de no permitir que la institucionalización de las reivindicaciones apagara el horizonte subversivo del movimiento (Follegati, 2018a). Así, aunque en los petitorios hubo demandas específicas hacia sus universidades, se mantuvo un objetivo más estructural que apuntaba a la lucha contra el patriarcado y las instituciones que lo reproducen. Además, se recuperó en la esfera pública la noción de “feminismo”, en contraposición a la de “género” (Palma, 2018), que consideraron desideologizada y carente de contenido (Godoy, 2018).

Según otras autoras, el “silencio” feminista también se manifestó en el escaso apoyo que tuvieron sus demandas y movilizaciones en los primeros años del siglo XXI. Algunas de las protagonistas del ‘Mayo feminista’ reconocen que, antes de ese momento, apenas se habían adherido a esas causas. Más bien se habían centrado -las más activas- en la educación de calidad y la desmercantilización en un contexto de capitalismo neoliberal heredado de la dictadura; quedando en un segundo plano las desigualdades de género que se vivían en las instituciones y en el propio movimiento (Huenulef y Vargas, 2020). Aunque existía cierta conciencia de las demandas por una mayor igualdad entre hombres y mujeres y un cuestionamiento al sexismo; estas eran consideradas sectoriales y permanecían invisibilizadas frente a las reivindicaciones más generales de índole educativo (Ponce, 2020; Ponce, Nina-Estrella y Ortiz, 2019; Schick et al., 2019).

Por tanto, las movilizaciones de 2018 constituyen un hito en la historia del feminismo chileno, dado su masivo apoyo social y el alcance de sus acciones, reactivando las antiguas demandas del movimiento desde el ámbito educativo (Barrientos 2021; Dinamarca, 2019).

    

4.2.1. Diferentes experiencias generacionales

 

El fenómeno del movimiento feminista estudiantil no es novedoso en la historia chilena. Particularmente, durante la etapa de la dictadura militar muchas estudiantes se sumaron a la lucha por la democracia y los derechos de las mujeres. Sin embargo, las experiencias vividas en el movimiento reciente son diferentes a las de las universitarias de los años 80 (Follegati, 2018b; Godoy, 2018), partiendo por el contexto social que vivieron.

No tenían la imposición de escoger entre el ámbito familiar (formación y cuidado de la familia) y su participación en el espacio público (trabajo y militancia). No obstante, en sus discursos aparecían nudos y tensiones entre los roles que desempeñaban en ambas esferas (ser mujer, estudiante, dirigente y, en algunos casos, madre) y la dedicación de tiempo y esfuerzo que requerían (mantener buenas calificaciones, largas reuniones, tareas en las organizaciones y compromisos o necesidades familiares, entre otras). Además se reconocía que ser buena estudiante jugaba a favor en las negociaciones y diálogos con las autoridades académicas, dando mayor peso a los argumentos y valorando su esfuerzo. Sin embargo, en ningún caso hubo apoyo regulado de la institución hacia la conciliación de los estudios con la maternidad. Esta dependía de la comprensión del profesorado y de la ayuda de la red familiar (Godoy, 2018).

Otra diferencia entre las generaciones es que, en esta ocasión, el movimiento integró múltiples formas de violencia contra las mujeres (“todas las mujeres contra todas las violencias”). En el caso de las estudiantes, se visibilizaron los relatos en torno a la violencia sexual en la educación. La cotidianeidad y normalización de estas situaciones actuaron como elementos clave en la participación (Ibídem).

Además, en el caso de las movilizaciones feministas de los años 80, los repertorios de acción se alineaban con los de la izquierda tradicional. En cambio, en las de 2018, se produjo una permanente adaptación de las formas de funcionamiento para responder al contexto y hacerse oír (Follegati, 2018b). Se integraron prácticas como los grupos de autoconciencia, los talleres de autodefensa, la ginecología natural, la serigrafía o los espacios seguros para mujeres, entre otros (De Fina y Figueroa, 2019).

Finalmente, un aspecto novedoso y característico de esta nueva ola de movilizaciones feministas estudiantiles fue la incorporación de nuevos sujetos: colectivos lesbofeministas y disidencias sexuales. Esto tensiona la trayectoria del movimiento feminista histórico (Follegati, 2018b), generando un recambio generacional, diverso y reflexivo (Schuster et al., 2019). Este enfoque cuestiona la perspectiva tradicional del feminismo, con sus prácticas identitarias uniformes y reproductoras del sujeto femenino, e introduce reflexiones deconstructivas que ponen en debate las nociones de lo femenino y lo masculino y la heteronormatividad, posicionando el cuerpo como espacio de intersección del feminismo con la clase, la raza, la etnia y la sexualidad (Follegati, 2018b). Además, esto amplía el alcance de su acción colectiva (Reyes-Housholder y Roque, 2018) y da visibilidad a nuevas temáticas de debate en el feminismo actual (De Fina y Figueroa, 2019).

 

4.2.2. Rupturas y aportes del feminismo estudiantil

 

El movimiento del 2018 añadió una dimensión al conflicto estudiantil previo, el sexismo (Saavedra y Toro, 2018), generando una ruptura con los “pactos de silencio” vinculados a conductas de acoso en el espacio académico y que son expresión de un conflicto, latente hasta ese momento, en torno a la formación de relaciones de género en el sistema de educación superior. Pactos quebrados en dos esferas relevantes: en la cultura institucional, mediante una ola de denuncias de estudiantes hacia profesores por sus conductas inapropiadas (violentas) y la nula respuesta de las autoridades (Ponce, 2020); y, segundo, en el funcionamiento organizativo del propio movimiento estudiantil, con un reconocimiento de sesgos y conductas machistas en la orgánica interna. Llegaron incluso a denunciar situaciones abusivas ocurridas en las movilizaciones del año 2011, no identificándolas previamente debido a que la “conciencia feminista” se habría elaborado durante la vida universitaria (Huenulef y Vargas, 2020). De esta forma, a las demandas de educación pública, gratuita y de calidad se suma la demanda por una educación no sexista (Lillo, 2020; Paredes, Araya y Ortiz, 2019). Se registró un aumento de las denuncias públicas en torno al sexismo en el contexto universitario (Alfaro y de Armas, 2019), especialmente hacia docentes en situaciones de poder (Schick et al., 2019) y hacia la cultura patriarcal que reproduce los roles diferenciados para hombres y mujeres, perpetuando la división sexual del trabajo (Motta, Bermúdez, Valenzuela y Simone, 2020; Saavedra y Toro, 2018).

La organización interna en este caso también presentó elementos de ruptura importante en relación con otros movimientos estudiantiles. Ya se habían ocupado edificios académicos durante las movilizaciones de 2011 (Motta, Bermúdez, Valenzuela y Simone, 2020) pero, en el contexto del ‘Mayo feminista’, se justificaron por la necesidad de ámbitos donde las mujeres pudieran discutir las situaciones que les afectaban y reunirse entre pares dentro del propio espacio opresor, como forma de protesta (Dinamarca, 2019). Además, se defendió un argumento vinculado a la seguridad, dados los casos de violencia que motivaron las movilizaciones.

De este modo surgió la necesidad de gestar lugares de participación separatistas que garantizaran instancias libres y horizontales donde compartir vivencias de violencia y discriminación. Sin embargo, la ausencia de hombres en ellos también fue un acto político (Molina, 2018). El hecho de que la mayoría estuvieran formados exclusivamente por mujeres se configuraba como una práctica contrahegemónica que contribuía a fortalecer “una identidad común en torno a la subordinación” (Huenulef y Vargas, 2020: 2794).

Es así como, alejadas de las organizaciones estudiantiles tradicionales, con vocerías rotativas, sin lideresas fijas, y con un permanente rechazo a las formas autoritarias y jerárquicas de organización estudiantil, emerge una propuesta de organización política más disruptiva, desestructurada y creativa desde un feminismo más performativo (Miranda y Roque, 2019). Esta permitió a las jóvenes desestabilizar roles asignados por su condición de género en los centros educativos y movimientos precedentes (Molina, 2018). Además, generó que las mujeres convergieran de manera colectiva y sorora, perfilándose como un acto político de resistencia a los valores patriarcales (Ramírez y Trujillo, 2019).

En cuanto al marco de acción colectiva, este se caracterizó por ser on line y off line (Ponce, 2020). Se desplegaron nuevas estrategias mediante las redes sociales digitales: se popularizaron las demandas, se difundieron las convocatorias a movilización y se realizaron discusiones en línea. Así, el activismo en los medios digitales se adhirió a las heredadas formas de acción política y estrategias colectivas usando las redes sociales como vía de amplificación de los métodos tradicionales de protesta (Errázuriz, 2019). Asimismo, las formas de protesta interpelaron el lenguaje normativo y excluyente, denunciando el patriarcado y el machismo con una estética disidente, atrevida y disruptiva de las narrativas tradicionales de los movimientos sociales, en especial el de las mujeres y feministas (Valdés, 2018).

En suma, los recientes movimientos estudiantiles se han caracterizado por una feminización de la resistencia, donde las mujeres y sujetos feminizados han tomado el protagonismo, fomentando la decolonización de la vida cotidiana. No solo hicieron uso de las estrategias utilizadas en movilizaciones estudiantiles previas (Fernández y Moreno, 2019), sino que desarrollaron nuevas formas de participación, de organización y de protesta.

 

 

5. Conclusiones

 

 

Mediante la revisión bibliográfica sistematizada del tema, este artículo ha identificado y explicado los elementos de continuidad y novedad del movimiento feminista estudiantil chileno reciente. Respecto a los primeros, se destaca la recuperación de las demandas históricas, como la lucha contra la violencia de género y la igualdad salarial; su articulación con movimientos feministas globales, evidenciando su conexión transnacional; y la herencia de las estrategias de protesta empleadas por las movilizaciones estudiantiles previas. Por su parte, en relación con los elementos de novedad, muestra la ruptura con la institucionalización del feminismo de los años 90, evitando su cooptación por el Estado; la incorporación de colectivos lesbofeministas y disidencias sexuales, ampliando el sujeto político del feminismo estudiantil; la reivindicación de la educación no sexista como un eje central, diferenciándose de las luchas estudiantiles previas, y el empleo de redes sociales como herramientas clave de movilización y visibilización.

Los resultados del estudio también muestran que la tradición organizativa en las agrupaciones feministas estuvo presente en las ocupaciones institucionales de 2018. Características como la horizontalidad y el estilo de las relaciones -afectivas y de apoyo mutuo-, así como la forma de negociar y tomar decisiones, responden a una forma de comprender la acción social que cuenta con antecedentes en la lucha feminista. El asambleísmo característico de las movilizaciones de 2018 guarda similitudes con la estructura y la orgánica de las organizaciones de autoconciencia del feminismo radical de los años 70 en EE.UU. Estos grupos realizaban análisis sociales a partir de las experiencias de las mujeres y se caracterizaban por la autoorganización, la ausencia de jerarquías y la rotación de responsabilidades (Beltrán, Maquieira, Álvarez y Sánchez, 2008; De Miguel, 2016; Varela 2008; 2019). De manera similar, las asambleas y los espacios separatistas fueron formas de politizar la vida personal, central en muchas de las prácticas del feminismo -como por ejemplo, los grupos de autoayuda (Garrido, 2022)-. A través de ellas, se facilitaron los procesos de subjetivación, reconociendo en otra persona la propia experiencia vivida (Miranda y Henríquez, 2021). Además, son espacios donde se genera conciencia estructural de las problemáticas feministas, se construye la identidad colectiva y se generan redes de apoyo con potencial subversivo frente al riesgo de cooptación institucional o neoliberal (Garrido, 2022).

Respecto a sus reivindicaciones, la movilización feminista del 2018 permitió generar estrategias para prevenir, denunciar, sancionar y reparar situaciones de violencia sexista en el contexto universitario (Hiner y López, 2021; Ramírez y Trujillo, 2019), forjando un cambio progresivo en las políticas educativas al incorporar valores de igualdad, inclusión y diversidad (Hiner y López, 2021; Martini y Bornand, 2018;). Uno de sus logros más relevantes relacionado con esto ha sido la Ley 21.369/2021 que penaliza el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el entorno de la educación superior. Sin embargo, no solo se persiguió erradicar la violencia, también se cuestionaron los fundamentos de la producción y transmisión del conocimiento, que reproducen las desigualdades de género. De esta forma, diversificaron los frentes de antagonismo, algunos inabarcables para la política administrativa (Richard, 2018).

Las protagonistas del movimiento fueron críticas, considerando que los compromisos establecidos eran insuficientes y precarios (Dinamarca, 2019). Así lo evidenció un estudio cuatro años posterior a las movilizaciones. Pese a la incorporación de una institucionalidad de género en la mayoría de las universidades, era escasa la evidencia de una transformación de las relaciones de género, además de la débil inclusión del enfoque interseccional (Riquelme, 2022).

Por otra parte, las revisiones históricas permiten constatar también que la integración de demandas transversales en la sociedad desde una perspectiva de género es un elemento característico del movimiento feminista. Ya sucedió con las organizaciones feministas o de mujeres en la dictadura, que, junto con la democracia, asumieron necesidades sociales de diferente índole y generaron redes de solidaridad con otras agrupaciones (Miranda y Henríquez, 2021). Lo característico de la movilización de 2018 es la exigencia del fin de todas las violencias contra las mujeres. Más allá de sus derechos, necesidades u opresiones; se confrontó un sistema que atenta contra la sostenibilidad de la vida. Además, la forma en que plantearon sus discursos y protesta generaron una “fidelidad narrativa” con las experiencias cotidianas y las trayectorias vitales de muchas mujeres chilenas; explicando su alto nivel de adhesión (Araya, Ortiz y Paredes, 2022).

Lo que sucedió entonces puede considerarse como un antecedente de lucha, donde el tejido social logra fortalecerse y generar espacios de resistencia a la violencia sexual estructural ejercida por instituciones del Estado. De esta forma, el movimiento feminista en Chile se ha desarrollado en los últimos años en una espiral ascendente de acumulación de fuerzas, que cristalizaron en 2019 en la mayor manifestación feminista de la historia del país y la posterior “revuelta popular”; y, más recientemente, en la demanda de una constitución feminista y la exigencia de paridad de género en el órgano encargado de redactarla. Esto da cuenta de un proceso de despliegue del movimiento; donde más que “silencios”, es posible concebir los espacios temporales previos como parte misma del proceso político. En ellos se produce una articulación de eventos más locales, que generan espacios de organización como la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que van tomando mayor relevancia social y aumentando en participación, y que se materializan en movilizaciones que suponen un hito, como la antes señalada.

Todas estas características particulares, de ruptura y aportes, han llevado a algunas autoras a considerar que ha llegado la “cuarta ola del movimiento feminista” a Chile (Ponce, 2020). Parte de sus desafíos sería dar curso a la articulación de derechos sociales, al mismo tiempo que erradica las diferencias de clase, raza y género, abordando políticas de justicia redistributiva y de reconocimiento. De esta manera, tras el movimiento feminista de 2018, emerge el desafío de incorporar otras formas de violencia contra la mujer como la subordinación colonial, laboral, económica, oral simbólica y feminicida (Oyarzún, 2018). Esto tiene sintonía con la apelación a despatriarcalizar las instituciones para hacer frente a las fuerzas globales y locales de violencia, explotación y dominación que se imponen en todos los territorios de diversas formas (Curiel, 2015). Se trata de un feminismo más cercano a la interseccionalidad, que considera el cuerpo como un espacio donde se configuran diversas problemáticas y contradicciones, relacionadas con mecanismos sociales clasificatorios y diferenciadores (Follegati, 2018), permeable en la institucionalidad en el sentido de que logra introducir sus demandas, enfoques y críticas en espacios institucionales -como universidades, organismos estatales o marcos normativos- sin necesariamente perder su potencia transformadora.

Esta revisión ha permitido identificar las continuidades y rupturas del movimiento feminista estudiantil chileno de 2018, destacando tanto su anclaje en luchas previas como su capacidad de innovación organizativa, discursiva y política. Sin embargo, persisten interrogantes que abren nuevas líneas de indagación: el seguimiento de las trayectorias de sus protagonistas, el análisis del rol de las tecnologías digitales en la movilización y la evaluación del cumplimiento de los compromisos institucionales adquiridos fruto de las movilizaciones y la negociación. Abordar estos aspectos permitirá comprender con mayor profundidad los efectos a largo plazo del movimiento y su capacidad para transformar estructuras educativas y sociales.

 

 

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[1] Como evidencia de ello, en 2018 y 2020, se celebró el Encuentro Plurinacional de las que Luchan, con una importante presencia de los feminismos afro e indígena y de las disidencias.

[2] Education Database‎, GenderWatch‎, Library & Information Science Abstracts, Library Science Database‎, Periodicals Archive Online‎ information, Periodicals Index Online‎ information, Political Science Database‎, Psychology Database‎, Research Library, Social Science Database y Latin America & Iberia database.

[3] Movimiento*, movilizaci*, “acción colectiva”, “acciones colectivas”, protesta*, estudiant*, universi*, feminis*, chile*, Movement*, mobilization*, mobilisation*, “collective action*”, protest*, student*, universi*, feminis*, chile*.

[4] El texto “Desafíos pendientes de la educación no sexista en las universidades chilenas: las demandas del ‘Mayo feminista’” (Barra-Lobos, Montes-López y Román-Alonso, 2023) recoge en detalle las reivindicaciones.