Historia del
feminismo en la Transición española:
de las
Jornadas de 1975 a la creación del Instituto de la Mujer
Feminism’s
history in Spanish Transition: since 1975 Meeting to Women’s Institute creation
|
Gloria Nielfa Cristóbal |
|
Universidad Complutense de Madrid –
España |
Resumen
El
artículo traza la evolución del movimiento feminista en España durante la
transición a la democracia, sus antecedentes, las distintas tendencias y sus
principales hitos, así como las campañas que desarrolló. Para ello se lleva a
cabo una revisión de la bibliografía existente, tanto de los testimonios de
quienes fueron sus protagonistas como de los estudios posteriores. Todo ello
permite mostrar las aportaciones del movimiento feminista a la transformación
de la situación de las mujeres en España, y en último término, a la naciente
democracia española.
Palabras
clave: feminismo, transición a la democracia, España, jornadas
1975, Instituto de la Mujer.
Abstract
This article shows the evolution of the feminist
movement in Spain during the transition to democracy, his background, the
different trends and their main milestones as well as the campaigns it
developed. For this purpose, it is carried out a review of existing literature,
both the testimonies of those who were its protagonists as of subsequent
studies. All this allows to show the contributions of the feminist movement to
the transformation of the situation of women in Spain and ultimately to the
nascent Spanish democracy.
Keywords: feminism, transition to democracy, Spain,
meeting 1975, Women’s Institute.
El objetivo de este artículo es presentar una síntesis del desarrollo
del movimiento feminista en España durante la transición a la democracia,
exponiendo cuáles fueron sus planteamientos y sus principales campañas, las
diferentes tendencias, su evolución y sus principales logros, así como el
significado de las aportaciones que realizó a la sociedad española y al
asentamiento de la democracia en el país.
1.
Introducción
El feminismo aparece públicamente en España en 1975, con motivo del Año
Internacional de la Mujer, acogiéndose al paraguas que la declaración de
Naciones Unidas le brindaba, más necesario en el caso de una dictadura. Ahora
bien, no surge de la nada. A lo largo de la misógina dictadura franquista, se
habían ido produciendo actividades de resistencia y muestras de disconformidad
de muchas mujeres con las políticas antifeministas del régimen, a pesar de que
la falta de libertades había roto la continuidad con el feminismo anterior a la
guerra civil y había dificultado la recepción del neofeminismo europeo y
americano de los años 60.
No entraré aquí en el análisis del debate en esa etapa, que he realizado
en otro lugar (Nielfa, 2003), y me referiré al plano
asociativo. Los cambios socioeconómicos de las últimas décadas (éxodo rural,
acceso creciente de las mujeres a los distintos niveles del sistema educativo,
incremento de su participación en el trabajo extradoméstico,
auge de los movimientos de oposición, etc.) habían llevado a algunos grupos de
mujeres a sensibilizarse respecto a su discriminación y a ver la necesidad de
organizarse para defender sus derechos, a pesar de las trabas que imponía la
ausencia de libertades de asociación y de reunión.
De ahí que, al igual que en el resto de la oposición antifranquista, una
de las vías utilizadas fuera la actuación a través de las limitadas
asociaciones legales existentes, junto a la actividad clandestina. Lo hizo el
Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), creado a mediados de los años 60, y
con presencia en Madrid, Zaragoza, Valencia, Euskadi, Andalucía, Galicia…,
cuando decidió entrar en las Asociaciones de Amas de Casa, controladas por la
Sección Femenina de Falange, al elegir “el barrio como lugar de intervención”
(Di Febo, 1979: 159).
En Valencia, las mujeres del MDM trabajaron en la Subcomisión Cultural
Mujer de Hoy, del Ateneo Mercantil (Verdugo, 2011). También hubo un grupo de
mujeres que en la primera mitad de los años 70 se propusieron crear un núcleo
feminista en Madrid al amparo de la Asociación Española de Mujeres
Universitarias (AEMU), una asociación de tipo cultural nacida en 1953 y que
formaba parte de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (Maillard, 1990; Seseña, 2009; Levine y Waldman, 1980).
En Barcelona algunas mujeres consiguieron cobertura legal para sus
actividades al crear un Departamento de la Mujer en la Asociación de Amigos de
Naciones Unidas (AANU) y en Alicante lo hicieron en la Asociación de Amigos de
la UNESCO (Nash, 2007; Moreno, 1977). Una asociación de tipo profesional, pero
de un especial interés por el ámbito en que se centra, es la Asociación
Española de Mujeres Juristas (AEMJ), fundada en 1971, por impulso de María Telo (Ruiz Franco, 2007).
2.
1975: Año Internacional de la Mujer
La declaración, por parte de la ONU, de 1975 como Año Internacional de
la Mujer, con tres objetivos básicos: Igualdad, Desarrollo y Paz, provocó una
respuesta ambivalente en los medios feministas, incluso algunas sátiras. Aunque
ciertos sectores reformistas vieran un progreso en el simple hecho de que se
hablara del tema, y, por tanto, lo consideraran como un avance, no podía
ocultarse, para otros, el carácter coyuntural y oportunista de la convocatoria,
el intento de asimilación y freno que podía suponer para el movimiento
feminista, y la posibilidad de manipulación que ofrecía a los gobiernos de los
distintos países.
Así, la convocatoria de la ONU fue discutida lúcidamente por las mujeres
más representativas del incipiente feminismo del momento, como atestigua la
mesa redonda convocada por una prestigiosa revista (El Urogallo, 1975).
Ahora bien, al mismo tiempo, comprendieron que se podía aprovechar para
coordinarse y hacer oír su voz, al facilitar el acceso a unos medios de
comunicación más propicios al tratamiento del tema. En cualquier caso, el
cambio de las estructuras político-sociales españolas era imprescindible, no ya
para lograr cualquiera de los objetivos feministas, sino incluso para que el
propio Movimiento de Liberación de la Mujer fuera aceptado, pues hasta una
iniciativa tan limitada como la de la ONU quedaba recortada en España. En
efecto, el programa del “Año” se apoyaba en la “Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer” que la Asamblea General había aprobado en 1952, pero
cuando el Estado español suscribió en 1973 un “Instrumento de Adhesión” a dicho
Convenio, lo hizo con algunas reservas que dejaban a salvo la aplicación de las
disposiciones discriminatorias contenidas en algunos artículos del Código Civil
y de las Leyes Fundamentales entonces vigentes (BOE, 23 de abril de 1974).
Además, en el texto español de la Declaración del “Año” se suprimían párrafos
importantes, referidos a la participación política y social de las mujeres y a
la planificación de la familia. En tercer lugar, se omitían también las
referencias a la consulta a las organizaciones de mujeres de carácter no
gubernamental. Aunque algunas de ellas fueron invitadas a participar, la
Comisión Nacional para la celebración estaba ya formada por representantes de
distintos ministerios y otras personas nombradas por la Delegada Nacional de
Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, que la encabezaba.
De aquí que desde mediados de 1974 se produjeran reuniones y contactos
entre grupos de mujeres con el objetivo de dar réplica a las posturas
oficiales, y se constituyera la Plataforma de Organizaciones de Mujeres de
Madrid, que elaboró un Programa-Manifiesto con denuncias y reivindicaciones
referidas a educación, legislación, familia, situación en los barrios, trabajo
y sociedad, y lo presentó a la prensa el 20 de febrero de 1975, coincidiendo
con la inauguración oficial del Año Internacional de la Mujer[1].
Entre los grupos firmantes figuran el Seminario de Estudios Sociológicos de la
Mujer (SESM), la Asociación Española de Mujeres Separadas (AEMS), la Comisión
del Año Internacional de la Mujer del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid,
además de otros ya citados, como numerosas asociaciones de amas de casa de
distintos barrios de Madrid y de localidades cercanas a la capital, AEMU, algunos
grupos católicos como el Movimiento Apostólico Seglar (MAS), la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC) o la Juventud Obrera Católica (JOC) (Moreno,
1977; Salas y Comabella, 1999). Conviene recordar que
solo firmaron el documento los grupos que tenían una existencia legal y no lo
hizo, por ejemplo, el MDM, con una fuerte presencia en las Asociaciones de Amas
de Casa, por su carácter clandestino (Arriero, 2016).
En esos mismos días, la Dirección General de Seguridad prohibió una mesa
redonda sobre “La mujer en la educación” que, organizada por esa Plataforma,
iba a celebrarse en AEMU, y suspendió por tres meses las actividades de 20
asociaciones de mujeres que habían firmado la convocatoria de abstención de
compra en los mercados y apagón de luz, en apoyo de una serie de
reivindicaciones ciudadanas, lo que suscitó una importante ola de solidaridad.
Evidentemente, las circunstancias políticas de esos años marcarán de un modo
muy claro la vinculación del Movimiento de Liberación de la Mujer en España a
la lucha por la democracia. Al mismo tiempo, para muchas mujeres fue la
militancia en partidos políticos lo que las haría tomar conciencia de su
opresión también dentro de la izquierda, y, por tanto, de la necesidad de una
lucha específica por unos objetivos feministas, que no quedaban comprendidos
dentro del cambio “democrático” o incluso “revolucionario” que sus compañeros
de partido proponían, como han reflejado distintos testimonios (Escario,
Alberdi y López-Accotto, 1996).
En Barcelona, desde principios de la década se había puesto de
manifiesto la existencia de un importante activismo feminista, señalado por
Nash (2007). Y ya en 1975, a raíz de una asamblea celebrada en febrero en el
Departamento de la Mujer de la AANU, se había venido formando un movimiento
plural, conocido como Moviment de dones,
que elaboró un Programa-Manifiesto dirigido a la opinión pública para difundir
su postura ante el Año Internacional y sus reivindicaciones y que se presentó a
la prensa el 18 de abril (Moreno, 1977).
En mayo tuvieron lugar en Barcelona los primeros contactos entre
representantes de la citada Plataforma, que había pasado a llamarse
Secretariado de Organizaciones No Gubernamentales de Madrid, y las mujeres del Moviment de dones. Junto a la necesidad de
coordinarse para acciones concretas, se planteaba la de realizar debates que
permitieran una clarificación ideológica, por lo que se acordó la celebración
de unas Jornadas, que inicialmente se pensó desarrollar en Barcelona, pero más
tarde se decidió hacerlas en Madrid. Aunque hubo tensiones y discrepancias en
las reuniones mantenidas a lo largo del año, se lograron algunos acuerdos entre
grupos procedentes de distintas ciudades españolas. El documento unitario “Por
la Liberación de la Mujer. Programa de las Organizaciones no Gubernamentales
del Estado Español” llegó a estar respaldado en noviembre de 1975 por 79
entidades legales de Alicante, Cataluña, Madrid, Málaga, Santander, Valencia y
Valladolid (Salas y Comabella, 1999).
Para entonces, un nuevo grupo feminista, ANCHE (Asociación para la
Comunicación Humana y la Ecología), se había creado en Barcelona al amparo de
la legalidad del Colegio de Ingenieros Industriales. Reunía a mujeres
procedentes de los Grupos de Autoconciencia Feminista, que habían empezado a
identificar la opresión de las mujeres mediante el intercambio de experiencias
y lecturas, junto a otras que militaban en partidos políticos de izquierda, y
otras, independientes. Se pueden recordar, entre otros nombres, los de Laura
Tremosa o Nuria Pompeia. El grupo no se definía ni
como radical ni como reformista y defendía un movimiento feminista autónomo
(Nash 2007).
Mientras tanto, la lucha emprendida años atrás por algunas juristas, con
María Telo a la cabeza, había obtenido un resultado
importante, aunque limitado, para las mujeres españolas: el 2 de mayo se había
aprobado la reforma del Código Civil por la que se suprimía la licencia marital
al establecer que el matrimonio no limita la capacidad de obrar de ninguno de
los cónyuges (Ley 14/1975 de 2 de mayo, BOE, 5 de mayo de 1975). Venía
preparándose desde 1973 en la Comisión General de Codificación, como parte de
un proyecto de ley más amplio, defendido por la AEMJ, que abarcaba cuestiones
como la filiación, la patria potestad o el régimen económico del matrimonio y
que quedaron pendientes (Ruiz Franco, 2007; Telo,
2009).
También en el ámbito del derecho, conviene recordar aquí otra forma de
actividad feminista: ese mismo año se creó el Colectivo Jurídico Feminista, un
despacho de abogadas donde Cristina Alberdi, Consuelo Abril y Ángela Cerrillos
se dedicaban a la defensa ante los tribunales de mujeres perjudicadas por la
orientación discriminatoria de la legislación vigente (Salas y Comabella, 1999).
Y en cuanto a la Universidad, fue en octubre de 1975 cuando apareció una
asignatura pionera respecto a lo que hoy conocemos como estudios de las
mujeres: “Movimientos feministas en la España Contemporánea”, impartida por
Mary Nash, en la Universidad de Barcelona. Fue acompañada de varias mesas
redondas abiertas al público como plataforma de debate (Nash, 2007).
Finalmente, esas proyectadas Primeras Jornadas por la Liberación de la
Mujer se celebraron los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, en un colegio de
monjas del barrio de la Concepción de Madrid, el Montpellier, en situación de
semiclandestinidad. No habían pasado tres semanas tras la muerte de Franco y el
riesgo de que fueran interrumpidas por la policía era elevado. Por eso, la
convocatoria se realizó con el mayor sigilo: de forma verbal, de unas mujeres a
otras, y sin que el lugar hubiera aparecido anunciado públicamente en ningún
medio de comunicación. A pesar de ello acudieron unas 500 mujeres procedentes
de Albacete, Alicante, Barcelona, Canarias, Cartagena, Castellón, El Ferrol,
Jaén, La Coruña, Logroño, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Sevilla,
Valencia, Valladolid y Zaragoza (Salas y Comabella,
1999). Por primera vez se celebraba un encuentro como ese desde la guerra
civil, y a lo largo de tres días se discutió vivamente sobre la opresión de las
mujeres en distintos planos, tales como la legislación, la familia, la
educación o el trabajo. A través de esos debates quedó clara la existencia de
dos tendencias ya bastante definidas, y de otra, que empezaba entonces a
perfilarse.
La primera de ellas estaba representada fundamentalmente por el MDM,
grupo en el que era evidente la influencia del PCE, aunque englobara también a
independientes y algunas militantes de otros partidos. Se trataba de mujeres
que consideraban prioritaria la lucha política “general”, y que habían dedicado
la mayor parte de sus esfuerzos a atraer a las mujeres a la lucha por las
libertades democráticas, al mismo tiempo que incorporaban algunas
reivindicaciones feministas. Dulcinea Bellido, Merche Comabella,
Merche Pintó y Emilia Graña eran algunas de sus militantes más conocidas.
Frente a esta tendencia se manifestó la línea radical, más reducida
numéricamente, representada por el Seminario Colectivo Feminista de Madrid,
creado en septiembre, al que pertenecía Cristina Alberdi, y el grupo liderado
por Lidia Falcón que en ese mismo mes de diciembre se constituiría como
Colectivo Feminista de Barcelona. Estas mujeres habían reflexionado mucho más
sobre el problema de la opresión de la mujer y lo consideraban una cuestión central;
así pues, para ellas, la militancia política de las mujeres debía realizarse
únicamente en el feminismo como ideología de transformación global de la
sociedad, pues no cabe la colaboración política con miembros del grupo opresor
o beneficiario de esa opresión.
En ese marco se estaba delimitando lo que entonces se llamaría “tercera
vía”, o “línea Barcelona”, situada en un espacio intermedio entre los grupos de
mujeres impulsados por (o vinculados a) partidos políticos, de un lado, y los
grupos radicales, de otro. Son mujeres que se sienten feministas y propugnan un
movimiento feminista autónomo de los
partidos políticos y de otras organizaciones, que marque sus propias
prioridades y que no sirva de correa de trasmisión de decisiones tomadas fuera
de su seno, pero defienden asimismo la necesidad de la presencia de las mujeres
en las luchas para transformar una sociedad en la que existen otras
contradicciones, como la de clase social, y por tanto admiten la doble
militancia (en un partido político y en un grupo feminista).
Así, además de las conclusiones sobre cada uno de los temas tratados,
salieron de aquellas Jornadas dos comunicados distintos a la opinión pública.
Hubo un intento de elaborar un único texto que pudiera ser suscrito por las
distintas corrientes, pero el resultado fue una resolución política algo
ambigua, pues tras mencionar la necesidad de un “Movimiento Feminista
revolucionario” se refería pocas líneas después a la “autonomía del feminismo
como organización reivindicativa”. En realidad, este comunicado oficial,
aprobado por la mayoría, respondía básicamente a la línea sostenida por la
primera de las tendencias señaladas, pero con la introducción de algunas
pinceladas de más claro matiz feminista, en aras del consenso. Ahora bien, esas
concesiones no eran suficientes para otras muchas mujeres participantes en las
Jornadas, que no veían reflejada en el comunicado su concepción del feminismo.
Ello dio lugar a la elaboración de un segundo manifiesto, que da una entidad
mayor al problema de la opresión de la mujer y concibe el feminismo como un
movimiento de transformación profunda de la sociedad a largo plazo, que no
termina con el cambio de las estructuras socio-políticas. Se alude también,
entre otros puntos, a lo que representa la familia como estructura económica
para las mujeres como realizadoras del trabajo doméstico, y a la necesidad de
crear una cultura feminista que implique unas relaciones libres entre
individuos en todos los planos. No detallo aquí la peripecia de la publicación
de ambos comunicados, que he explicado en otro lugar (Nielfa,
2021).
Ante el éxito de las Jornadas, el Secretariado convocó una manifestación
unitaria, que tuvo lugar en Madrid, en la calle Goya, el 15 de enero de 1976,
bajo el lema: “Mujer, lucha por tu liberación. ¡Únete!”, y que pretendía
entregar un escrito reivindicativo en la Presidencia del Gobierno, situada en
el paseo de la Castellana, nº 3 (Martínez Ten, 1976). Las cargas policiales
cortaron el desarrollo de la manifestación y el documento se acabó enviando al
presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, por correo certificado.
3.
El movimiento feminista echa a andar[2]:
Nuevos grupos, nuevas jornadas, una revista emblemática
La celebración de las Jornadas
impulsó el desarrollo de nuevas organizaciones. En las distintas universidades
(Madrid, Zaragoza, Oviedo, Sevilla, Granada, Valladolid, Salamanca, Málaga…),
grupos de mujeres estudiantes que venían interesándose por la cuestión lanzaron
AUPEPM (Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer),
como asociación sectorial de carácter legal acogida a la normativa sobre
asociaciones estudiantiles, con el objetivo de plantear debates y dinamizar la
conciencia feminista en el mundo universitario. Entre sus militantes, se puede
recordar a Purificación Gutiérrez López, Carmen Martínez Ten o Concha Martín
Perpiñán.
También hubo organizaciones feministas de tipo unitario en las que
convivieron militantes de partidos de izquierda con mujeres independientes,
trabajadoras de distintos sectores, universitarias, amas de casa, etc., como la
Asamblea de Mujeres de Bizkaia, la Asociación para la
Liberación de la Mujer de Guipúzcoa (Moreno, 1977), y la Asociación Galega da Muller, nacida en 1976, especialmente activa en Vigo y
organizada en las principales ciudades gallegas (Rábade,
2021).
En cuanto a las tres tendencias ideológicas antes mencionadas, en 1976
se nutrieron con la aparición de nuevos grupos. Por una parte, las mujeres que
situaban su feminismo en la mencionada “tercera vía”, sintieron la necesidad de
profundizar en sus planteamientos y de consolidar la tendencia que
representaban. En Madrid, de las sucesivas reuniones celebradas con este
objetivo nació el Frente de Liberación de la Mujer (FLM), que lanzó en enero su
manifiesto fundacional, animado por esas mujeres que en los últimos años habían
venido utilizando AEMU como plataforma legal. Jimena Alonso, Carlota Bustelo,
María Jesús Miranda o Felicidad Orquín fueron algunas
de las mujeres más conocidas del FLM. El Frente se declaraba feminista y
anticapitalista, defendía la autonomía real del movimiento feminista
frente a los partidos políticos y aceptaba la doble militancia, puntos estos
dos últimos que le separaban, respectivamente, de los grupos vinculados a
partidos y del feminismo radical. Definía su ideología como feminismo
socialista o feminismo/lucha de clases (Orquín y Sáez
Buenaventura, 1993).
Por otra parte, en marzo de 1976 se dio a conocer la Asociación
Democrática de la Mujer (ADM), impulsada por mujeres pertenecientes al maoísta
Partido del Trabajo de España (PTE). Tras su aparición en Madrid, seguida por
la creación de la ADM Mariana Pineda en Sevilla, “se procuró extender la
fórmula a toda España” (Moreno, 1977: 56). Como vemos, esta organización viene
a engrosar la primera de las tendencias citadas, la de los grupos de mujeres
cercanos a los partidos políticos de izquierda que propugnaban la movilización
de masas. Algunas de sus dirigentes procedían de las Asociaciones de Amas de
Casa, vinculadas con anterioridad al MDM, y entre sus militantes más conocidas
figuran Sacramento Martí y Juana Doña (Salas y Comabella,
1999). Posteriormente, en enero de 1977, una escisión dio lugar a la creación
de la Unión para la Liberación de la Mujer (ULM), a cuyo frente se situaban
mujeres de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que tuvo una
vida breve ya que se disolvió en 1978. Paloma González Setién
fue una de esas mujeres que dejó la ADM para constituir la ULM (González Setién, 2009).
Además, la evolución que estaba experimentando el MDM dejó huella en la
modificación de su nombre – pasó a llamarse Movimiento Democrático de
Mujeres/Movimiento de Liberación de la Mujer (MDM/MLM) – y en la elaboración de
un nuevo programa, presentado en octubre de 1976, que daba más peso a las
reivindicaciones específicamente feministas.
En Barcelona, ya en el mes de enero, el mencionado Departamento de la
Mujer de la AANU había lanzado la idea de celebrar unas “Jornades
Catalanes de la Dona” en mayo. Se proponía un encuentro legal y para
coordinarlo se creó un Secretariado formado por mujeres de las más variadas
tendencias feministas y políticas, así como independientes. Finalmente, la
Comisión organizadora estuvo compuesta por grupos feministas y Vocalías de
mujeres de numerosas Asociaciones de Vecinos de distintos barrios y localidades
catalanas, sobre todo de Barcelona y del cinturón industrial. Se celebraron los
días 27 al 30 de mayo de 1976 en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona
con la asistencia de unas 4.000 mujeres y se debatieron nueve ponencias,
previamente repartidas y discutidas en los grupos de base (Comissió
Catalana, 1977). Una gran pancarta en el balcón en la Plaza de la Universidad
anunciaba las Jornadas, celebradas con presencia de la prensa, que informaba
cada día del contenido de los debates desarrollados, desde Diario de
Barcelona hasta Avui o El País.
Solo cinco meses y medio después de las Jornadas de Madrid el cambio del clima
político era evidente. La presión de la sociedad española en favor de las
libertades y el crecimiento del movimiento feminista se habían hecho notar.
En estas Jornadas, como en las de Madrid, fue visible la aparición de
nuevos valores feministas, que estaban gestando una cultura política propia,
capaz de generar respuestas colectivas (Nash, 2011). Al mismo tiempo se
constataba el desinterés de los partidos por los problemas específicos de las
mujeres.
Poco después, en julio de 1976, salió a la calle el primer número de Vindicación
Feminista, impulsada por Lidia Falcón y dirigida por Carmen Alcalde. La
revista, de gran calidad, sirvió para dar a conocer el movimiento feminista,
informando de la variedad de grupos existentes, no solo en España, y de las
distintas campañas emprendidas, al mismo tiempo que se constituía como una red
de sociabilidad. Resistió hasta 1979, en que se vio obligada a cerrar por falta
de medios (Barrachina, 2002; Jareño,
2019). Su preocupación internacionalista se puede ver ya en el primer número,
en la información sobre el Tribunal de Crímenes contra la Mujer, reunido en
Bruselas en el mes de marzo, o en la referida a las mujeres saharauis, junto a
la atención al ámbito español, en temas como el aborto o la situación de las
mujeres en las cárceles[3].
En ese mismo año se produjeron escisiones en el ámbito del feminismo
radical. Un grupo de mujeres del Seminario Colectivo Feminista de Madrid, las
que aceptaban la idea de Lidia Falcón de que las mujeres constituyen una clase
social, abandonaron el Seminario y constituyeron el Colectivo Feminista de
Madrid. Se unían así a la posición compartida por los Colectivos Feministas de
Barcelona, Sevilla, Castellón e Ibiza, que adoptaron el nombre de Colectivos
Feministas Homologados del Estado Español. Las que no compartían ese
planteamiento, como Cristina Alberdi o Victoria Sendón
permanecieron en el Seminario Colectivo Feminista, mientras que Carmen Vigil, Paloma Saavedra o Carmen Sarmiento formaron parte
del nuevo Colectivo (Vindicación Feminista, nº 3, 1-9-1976, Gahete, 2017; Sendón, 2009).
En septiembre, en el Colectivo Feminista de Barcelona surgió LA MAR
(Lucha Antiautoritaria de Mujeres Antipatriarcales y
Revolucionarias) ante la disconformidad de alianza con la Unión de
Republicanos, que chocaba con su forma de entender la lucha contra el
patriarcado. Y en abril de 1977, tres militantes del Colectivo (Lidia Falcón,
Regina Bayo y Anna Estany) fueron expulsadas,
acusadas de vulnerar la organización no jerárquica del grupo, y constituyeron
la Organización Feminista Revolucionaria (ORF), dirigida a la creación del
Partido Feminista, que tuvo lugar en 1979 (Moreno,1977; Nash, 2007; Augustín, 2003).
En el caso vasco, el feminismo radical estuvo representado desde 1976
por el colectivo Lambroa (luego Lanbroa),
que más tarde se separó de las Asambleas para constituir su propia
organización. Combinaba el concepto de clase social aplicado a las mujeres con
planteamientos del feminismo de la diferencia (Aranguren y Aresti,
2021).
Junto a la fuerza del movimiento en la calle, el contraste entre los
puntos de vista de los distintos grupos llamaba la atención de la prensa y
quedó palpable en las mesas redondas convocadas por varias revistas, tales como
Destino (junio 1976), Ozono (1978 y 1979), o Argumentos
(mayo 1979).
4.
Distintas tendencias, campañas y espacios conjuntos
Como se viene mostrando, existían distintas formas de entender el
feminismo, fruto de intensos debates, analizados por Celia Amorós (2009), y por
Mercedes Augustín (2003) entre otras, y, al mismo tiempo,
una voluntad común de llevar a cabo campañas conjuntas por objetivos concretos
que mejoraran la vida de las mujeres en el momento. Por eso, la cuestión de la
forma en que se organizara el movimiento tenía su importancia.
Ya en las Jornades Catalanes de la
Dona se planteó la discusión acerca de dos alternativas posibles: una
asociación unitaria, que englobara a todo el feminismo, la Associació
Catalana de la Dona (ACD), promovida por la ADM, o una coordinadora de los
distintos grupos, manteniendo cada uno de ellos su propia entidad y
características. De hecho, se desarrollaron ambas opciones. Se creó la
Coordinadora Feminista de Barcelona y numerosos grupos se integraron en ella,
entre ellos ANCHE, el Colectivo Feminista, Mujeres Separadas, Mujeres Universitarias,
muchas Vocalías de Mujeres… (Nash, 2007). También en otros lugares (Madrid,
País Valenciano…) funcionó una Plataforma o Coordinadora como punto de
encuentro entre distintos grupos, que sirvió para planificar acciones
conjuntas. Así, en octubre de 1976 se presentó a la prensa la Plataforma de
Organizaciones y Grupos de Mujeres de Madrid, que para entonces ya no englobaba
solamente organizaciones legalizadas. En el plano estatal, se creó la
Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español, que se reunía una
vez al mes con representantes de grupos de las distintas tendencias.
Y por su parte, en enero de 1977, la Associació
Catalana de la Dona (ACD), presidida por Anna Mercadé,
junto con otras ADMs (de Euskadi, Canarias,
Castilla-León, Andalucía, Santander, Madrid), constituyeron la Federación de
Organizaciones Feministas del Estado español (FOF), de modo que las ADMs no se integraron en las Plataformas donde habrían
convivido con grupos con distinta orientación teórica (Moreno,1977; Salas y Comabella, 1999). También hubo experiencias de organización
unitaria al margen de lo que representaban la citada ADM y la FOF, como la
Asociación Feminista Democrática de Asturias, con sede en Gijón, y, por un
tiempo, la Asociación Democrática de la Mujer Aragonesa (ADMA), en Zaragoza.
Una de las campañas desarrolladas conjuntamente fue la que reclamaba la
amnistía para los llamados “delitos específicos de la mujer” (adulterio,
aborto, anticoncepción, prostitución), algo que los partidos políticos no incluían
en su petición de amnistía y que dio lugar a sucesivas manifestaciones ante las
cárceles de mujeres. En Madrid, las manifestaciones ante la cárcel de mujeres
de Yeserías eran disueltas violentamente por la policía, en un momento en que
miles de personas se manifestaban ante la cárcel de hombres de Carabanchel,
pero ignoraban dónde estaba la cárcel de mujeres. En Barcelona, las
manifestaciones ante la cárcel de mujeres de la Trinitat
incluían también la reivindicación de la sustitución de las monjas que la
gestionaban, las Cruzadas Evangélicas, por funcionarias de prisiones, algo que
no se alcanzó hasta 1978 (Nash, 2007).
La demanda de amnistía para las mujeres encarceladas por adulterio fue
acompañada de la lucha para que el adulterio dejara de estar tipificado como
delito. Según el artículo 449 del Código Penal de 1944, una mujer sorprendida
en adulterio podía ser castigada con una pena de hasta seis años de cárcel,
mientras que para que un marido cometiera amancebamiento era necesario que
“tuviera manceba dentro de la casa conyugal, o notoriamente fuera de ella”
(art. 452). Se enviaron al Ministerio de Justicia pliegos de firmas pidiendo la
derogación de esa normativa y fueron frecuentes las concentraciones ante el
Palacio de Justicia en la madrileña Plaza de las Salesas, así como la
asistencia a los juicios celebrados en distintas ciudades contra mujeres
acusadas de adulterio. No existía el divorcio, y había demandas de separación
en las que el artículo 449 era utilizado por el marido para reclamar la
custodia de menores que tenía la esposa.
Fue lo que le ocurrió, entre otras, a Mª Ángeles Muñoz, una mujer de Sant Adrià del Besós (Barcelona), tras años separada de
hecho de su marido, cuando él presentó una demanda de separación basada en la
acusación de adulterio y reclamó la custodia de la hija de ambos, a cuyo
sostenimiento no había contribuido desde que se interrumpió la vida en común.
La campaña de solidaridad con esta mujer fue enorme. La ACD y la Coordinadora
Feminista de Barcelona organizaron concentraciones y manifestaciones
multitudinarias, así como encierros, en noviembre de 1976, cuando se estaba
celebrando el juicio, y el caso, que tuvo eco en la prensa, adquirió un
carácter emblemático de la lucha por la despenalización del adulterio. “Jo també
sóc adultera”, “Yo también soy adúltera”, se pudo
leer en los carteles que llevaron muchas manifestantes en distintos lugares de
España. Se puede atribuir a esa lucha feminista el acuerdo de 1977 por el que
esta madre conservó la custodia de la niña (Nash, 2007). También alcanzó
notoriedad el juicio por adulterio que se siguió en octubre/noviembre de 1976
en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra una joven, para la que la
acusación particular pedía cinco años de cárcel y una sanción de 50.000 pesetas.
La ADMA llevó a cabo una campaña de recogida de firmas y se coordinó con la
Asociación Española de Mujeres Juristas para solicitar la reforma legislativa
que impidiera la repetición de estas situaciones.
También reivindicaba el movimiento feminista la desaparición de la
discriminación laboral, reclamando el acceso de las mujeres a los distintos
puestos de trabajo y la igualdad salarial, como vía para la independencia
económica. Por ello, hubo un apoyo a las trabajadoras de distintas empresas que
estaban sosteniendo conflictos en defensa de sus derechos laborales. El FLM se
implicó especialmente en las luchas de las trabajadoras de Fiesta, fábrica de
caramelos de Alcalá de Henares, que pedían igualdad de salarios con sus
compañeros varones, ya que realizaban el mismo trabajo (AEMU, 1976: 8).
Otro conflicto importante en un sector muy feminizado como el de los
supermercados de tipo bazar, fue el de Simago, donde
las trabajadoras contaron con el apoyo de la Federación Provincial de Amas de
Casa en la primavera de 1976 (Di Febo, 1979). Eran años de fuerte
conflictividad en el sector de la confección, mayoritariamente femenino, y
caracterizado por sus malas condiciones de trabajo; así, ante los despidos y
represalias que se produjeron en empresas como Induyco
y Puente, la Plataforma de Organizaciones y Grupos de Mujeres de Madrid
respaldó en 1977 una petición de boicot a El Corte Inglés, distribuidora de la
ropa fabricada por Induyco, y a las camisas Predilet, de Puente (Salas y Comabella,
1999). Desencadenada la huelga de ATSs (Ayudantes
Técnicos Sanitarios) por reivindicaciones académicas y profesionales en la
primavera de 1976, el Colectivo Feminista destacó la posición subordinada de
las enfermeras dentro del sistema sanitario, muy unida a los roles de género
asignados a las mujeres. Hay que señalar también la presencia de mujeres
sindicalistas en la Plataforma, primero a título individual, y más tarde, desde
1976, en representación de las Secretarías de la Mujer de CCOO, concebidas como
“puente entre el movimiento sindical y el movimiento feminista”, y que darían
lugar a algunos logros en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 (San José,
2009). Hubo otros conflictos donde las mujeres empezaron movilizándose para
defender los derechos laborales de sus maridos y acabaron viendo la necesidad
de luchar por sus propias reivindicaciones, como ocurrió en los casos de Motor
Ibérica y Radiadores Roca (Di Febo, 1979).
La campaña por una sexualidad libre partió de la necesidad de las
mujeres de descubrir su propia sexualidad e incluyó las reivindicaciones de
educación sexual, creación de centros de “planificación familiar”,
anticonceptivos libres y a cargo de la Seguridad Social, y derecho al aborto,
con eslóganes como “El placer no es patrimonio del hombre. Mujer, descubre y
disfruta tu sexualidad”, “Sexualidad no es maternidad”, “Anticonceptivos libres
para no abortar. Aborto libre para no morir”. Se editaron folletos, se
realizaron charlas y mesas redondas, manifestaciones. Poder decidir el número de
hijos y el momento de tenerlos, desligar la sexualidad de la procreación, ser
dueñas del propio cuerpo, eran premisas para la liberación. Faltaba información
sexual y el artículo 416 del Código Penal prohibía vender, difundir o dar a
conocer cualquier procedimiento anticonceptivo; incluso hubo periodistas
juzgados por haber publicado un artículo sobre anticonceptivos. Así las cosas,
en varias organizaciones feministas se crearon grupos que organizaron charlas
para discutir estos temas con mujeres en distintos barrios, al detectar el
interés que suscitaba la cuestión. Y de ahí se pasó a la práctica. En el caso
de Madrid, el Grupo de Planificación Familiar, del que formaban parte la
ginecóloga Elena Arnedo, junto a Delia Blanco, Pilar
Jaime y Charo Ema, entre otras, desarrolló una experiencia pionera: la creación
en 1976 del Centro de Planificación Familiar de la calle Federico Rubio,
atendido por personal voluntario (Arnedo, 2002). En
Barcelona, el grupo DAIA (Dones per l’Autoconeixement
i Anticoncepció), constituido como tal en 1978, fue
el más especializado en promover la sexualidad libre y el control de natalidad
como medios para afirmar los derechos reproductivos de las mujeres. El concepto
de autoayuda que defendía estaba en la línea del propuesto por el colectivo
Pelvis, liderado por Leonor Taboada, en Palma de Mallorca. Ella fue quien, a
través de su obra Cuaderno feminista. Introducción al self-help
(1978), difundió en España las ideas desarrolladas por el Boston Women’s Health Book Collective que elaboró la influyente obra Our bodies, Ourselves (Nuestros cuerpos, nuestras vidas)
(Nash, 2007).
En 1977 se celebró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer por
primera vez tras la guerra civil, con actos unitarios convocados por las Plataformas
y Coordinadoras, además de los organizados por cada grupo. Hubo mítines y
convocatorias por todo el territorio, si bien en Valencia se prohibió la
manifestación y en Barcelona la disolvió la policía. El Movimiento de
Liberación de la Mujer de Valladolid (MLM) organizó una Semana de Información
sobre la problemática de la mujer y en Madrid la Plataforma celebró un mitin en
la Cooperativa del Pozo del Tío Raimundo, y a primera hora de la mañana,
cientos de globos con lemas feministas colocados por las militantes del FLM
colgaban de árboles, estatuas y farolas, llamando la atención de quienes se
dirigían al trabajo (Orquín y Sáez Buenaventura,
1993).
Las mujeres también sentían la necesidad de disponer de espacios para el
encuentro y la comunicación de ideas con otras mujeres, y así se crearon
librerías, revistas, editoriales… En Barcelona, en julio de 1977 se abrió el
bar-biblioteca feminista LaSal, promovido por
Mari Chordà y otras cuatro mujeres. Durante los dos
años de su existencia, allí se celebraron tertulias, talleres, recitales y
cursos, y se convirtió en un lugar emblemático de la cultura feminista, aunque
tuvo que acabar cerrando por dificultades económicas. En 1978 apareció LaSal Edicions de les
Dones, muy cerca del bar del mismo nombre y con estrechos contactos con las
mujeres que lo habían montado. Era una editorial feminista, dedicada a la
publicación de libros escritos por mujeres y desarrolló su actividad durante
doce años (Nash, 2007). Entre sus señas de identidad figuran la Agenda de la
Dona, aparecida año tras año, y la colección de los Cuadernos inacabados,
dirigida por Mireia Bofill, que tras la desaparición de LaSal
continuó publicándose por la editorial madrileña horas y Horas,
vinculada a su vez a la Librería de Mujeres-Centro de Encuentro, creada
en Madrid en octubre de 1978. Esta librería, situada en el local de una antigua
carbonería, se organizó en régimen de cooperativa, a base de acciones de 20.000
pesetas, que podían ser compartidas entre cuatro mujeres. Son innumerables las
presentaciones de libros, mesas redondas y debates que desde entonces se han
celebrado en ella.
Entre esas librerías pioneras no se pueden dejar de citar la primera que
abrió sus puertas, en mayo de 1977, la Llibreria
de les Dones, en Barcelona, la Llibreria
Dona, que funcionó en Valencia desde principios de 1978, y en la que
estableció su sede la Coordinadora de Grupos de Mujeres del País Valenciano
(Verdugo, 2011), y la Librería Fulmen en
Sevilla. Todas estas librerías fueron lugares de encuentro de mujeres
feministas y no feministas y puntos de difusión de información.
Ya en mayo de 1977 se había presentado en Madrid Tribuna Feminista,
una colección de Editorial Debate, que, aunque dirigida por dos mujeres
militantes del FLM, Jimena Alonso y Fini Rubio, no
era portavoz de ningún grupo. En sus seis años de vida se publicaron en ella al
menos 14 títulos, sobre todo obras clásicas del feminismo de autoras como Ann Oakley, Mary Wolstonecraft,
Alexandra Kollontai, Sheila Rowbotham
y otras.
Citaré solo algunas de las muchas revistas publicadas por el movimiento:
La mujer y la lucha, del MDM, Opción, Revista de la Mujer liberada,
lanzada en diciembre de 1976; Dones en lluita,
Portavoz de la Coordinadora Feminista de Barcelona, en 1977; Gaceta
Feminista, de la ADM, 1978; Pata Quebrada, del MLM de Valladolid, Poder
y Libertad, del Partido Feminista, 1980; Andaina,
de la Coordinadora Feminista de Vigo, 1982.
5.
Movimiento feminista y coyuntura política
En toda la sociedad española se estaban dando pasos para dejar atrás la
dictadura. En diciembre de 1976, ante el referéndum sobre la Ley para la
Reforma Política, el movimiento feminista se sumó a la campaña abstencionista
de los partidos de izquierda, explicando además sus motivos específicos: los
grupos de mujeres seguían siendo ilegales, había mujeres en las cárceles por
delitos sexuales, como hemos visto, etc. (Augustín,
2003). Convocadas las elecciones para el 15 de junio de 1977, los partidos se
lanzaron a la captación del voto femenino, recogiendo en distinta medida
algunas de las reivindicaciones planteadas por las feministas, como puede verse
en los programas electorales (Fagoaga y Saavedra,
1977; Cases et al., 1978). No hubo candidaturas feministas, ni tampoco
homogeneidad en las posturas adoptadas por los distintos grupos. Los más
próximos a partidos políticos animaron a la participación, que consideraban
importante para la consolidación democrática, mientras que los Colectivos
Feministas llamaron a la abstención, pensando que no debían desgastar sus fuerzas
en la campaña electoral, sino encauzarlas hacia la definitiva organización
política de las mujeres (Escario, Alberdi y López-Accotto,
1996). El FLM analizó críticamente los distintos programas, aun recomendando en
líneas generales el voto para la izquierda, y la FOF pidió el voto para el
Frente Democrático de Izquierdas, promovido por el PTE. Aunque las 21 diputadas
y 6 senadoras elegidas representaban una pequeña proporción en las Cortes, el
movimiento apeló a ellas, especialmente a las que habían desarrollado una
actividad comprometida con el feminismo, al mismo tiempo que seguía manteniendo
la presión en la calle. Por ello convocó una manifestación ante el Congreso el
13 de julio de 1977, día de apertura de las Cortes, para hacer entrega de un
escrito con sus reivindicaciones a las diputadas Carlota Bustelo (PSOE), Maria Dolors Calvet (PSUC) y
Asunción Cruañes (PSOE).
Tras las elecciones, en el verano de 1977, comenzó el diálogo con el nuevo
gobierno de UCD, algo que dio lugar a una importante controversia en el
movimiento feminista. El gobierno de Suárez creó la Subdirección General de la
Condición Femenina, dentro de la Dirección General de Desarrollo Comunitario,
en el Ministerio de Cultura. Se produjo una división entre los grupos
“dialogantes” – los partidarios del diálogo con la Administración, dirigido a
la legalización de las organizaciones, la posibilidad de utilizar locales
públicos… - y los “no dialogantes”, que temían la instrumentalización que el
Gobierno podía hacer del movimiento feminista. A lo largo de 1978 fueron
legalizados los grupos que lo solicitaron y se pusieron a disposición del
movimiento algunos de los locales que habían pertenecido a Sección Femenina, lo
que “significó el reconocimiento del feminismo como un movimiento social legítimo”
(Salas y Comabella, 1999: 105).
El inicio de la actividad parlamentaria hizo posible la tramitación de
algunos proyectos de ley presentados por las distintas fuerzas políticas que
entroncaban con las campañas anteriormente mencionadas. La despenalización del
adulterio y del amancebamiento, así como de la información y venta de
anticonceptivos, ambas acordadas en los Pactos de la Moncloa de octubre de
1977, y urgidas posteriormente por las citadas diputadas (Acosta, 2011),
acabaron aprobándose en mayo y octubre de 1978, respectivamente (BOE, 30 de
mayo de 1978, y 11 de octubre de 1978). También se aprobó la creación de
Centros de Orientación Familiar, si bien el movimiento feminista consideró que
el enfoque del proyecto no respondía a sus objetivos, entre ellos, el de que
las mujeres pudieran controlar libremente su maternidad. Cuando, más tarde, la
sanidad pública incorpore este tipo de servicios, lo hará inspirándose en esos
primeros Centros de Planning creados a partir del
activismo feminista (Augustín, 2003).
Desde los últimos meses de 1977 el movimiento también se centró en los
debates sobre los contenidos que debía incluir la futura Constitución. Solo una
mujer, Mª Teresa Revilla, diputada por UCD, formó pate de la Comisión
constitucional y no hubo ninguna entre los siete miembros de la Ponencia que
redactó el proyecto. A partir de un texto elaborado por abogadas del Colectivo
Jurídico Feminista que sirvió de base para la discusión, ya en diciembre de
1977 se envió al presidente de las Cortes un documento pactado entre la
Plataforma de Madrid y otros grupos de distintos lugares. Al mes siguiente
llegó la propuesta de la ACD, apoyada por Dones Divorciades.
Puesto que se partía de una situación de profunda desigualdad entre hombres y
mujeres, se pedía que, además de los principios básicos de igualdad, la
Constitución recogiera de forma expresa una serie de derechos de las mujeres
que de otra manera podrían ser ignorados, fundamentalmente en temas de familia,
educación, trabajo o Código Penal. Hubo numerosas movilizaciones, pero el
contenido del anteproyecto resultó insatisfactorio, y las posturas ante el
referéndum constitucional de 1978 se dividieron: desde la propuesta de voto
afirmativo de los grupos que consideraban que suponía un avance, a pesar de sus
carencias (Asociación Española de Mujeres Separadas, asociaciones de Amas de
Casa y ULM), o los que dieron libertad de voto (MDM y ADM), hasta los que
propugnaron la abstención (FLM, Colectivo Feminista, Plataforma de
Organizaciones Feminista de Madrid), o los que pidieron el voto negativo (Augustín, 2003; Gahete, 2017).
Durante el debate en la Comisión constitucional, tras la aprobación del
artículo 14, que prohibía, junto a otras, la discriminación por razón de sexo,
Mª Teresa Revilla subrayó en su explicación de voto la importancia para las
españolas de adquirir la igualdad jurídica que hasta entonces se les negaba
(Sevilla, 2006). Pero no bastaba la igualdad formal, de ahí la necesidad del
artículo 9.2, que encomendaba a los poderes públicos la tarea de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad fueran efectivas y de remover
los obstáculos existentes. Una prueba de que la declaración formal de la
igualdad contenida en el artículo 14 no era suficiente es que podía ser
vulnerada en la propia Constitución, como ocurre en el artículo 57.1, en lo que
se refiere al orden de sucesión a la Corona, que establece la preferencia del
varón. Desde la óptica feminista, la cuestión tenía importancia en el plano
cultural, dado el papel simbólico que se atribuía a la monarquía, y se
rechazaba el modelo de familia trasmitido a la sociedad española desde la
Jefatura del Estado, al privilegiar al varón frente a una hermana mayor. Cuando
se votó este artículo en el Pleno del Congreso, se abstuvieron los diputados de
los Grupos Socialista y Comunista, y hubo acuerdo entre las parlamentarias de
todos los grupos para votar en contra, como explicó la diputada del PSUC Mª Dolors Calvet, para “demostrar nuestra preocupación por
este precepto claramente discriminatorio para las mujeres” (Sevilla, 2006:
131). Argumentaba que, aunque la Constitución no asumía todas las
reivindicaciones de las mujeres, en otros puntos no cerraba las puertas a
futuras leyes que mejoraran la situación, mientras que en este caso era clara
la contradicción con lo establecido en el artículo 14.
Para celebrar el 8 de marzo con manifestaciones autorizadas, hubo que
esperar hasta 1978 en Madrid, hasta 1979 en Valencia. En Madrid la
manifestación convocada en 1978 por la Plataforma recorrió el paseo de Rosales
con el lema: “Por un puesto de trabajo sin discriminación”, y junto a
reivindicaciones centradas en el trabajo asalariado, se insistía en las otras
campañas en marcha: la amnistía para los delitos específicos y la relativa a la
sexualidad (Salas y Comabella, 1999). La de Valencia
en 1979 también respondió a una convocatoria conjunta, que aprovecharon para
lanzar en ese momento la campaña por dos reivindicaciones que habían quedado
pendientes tras la aprobación de la Constitución: una ley de divorcio y la
despenalización del aborto (Verdugo, 2011).
6.
Tras la aprobación de la Constitución
Desde luego, esos dos objetivos tardarían bastante más en conseguir
refrendo legal. En el caso del divorcio, un tema ampliamente discutido en la
sociedad española y abordado por los partidos políticos, la preocupación
feminista se centró en conseguir un divorcio no discriminatorio para las
mujeres. Se celebraron manifestaciones, encierros, mítines, incluso un
encadenamiento de mujeres en las rejas del Seminario Conciliar en Madrid para
protestar contra la injerencia de la Iglesia en el asunto y la actuación de los
Tribunales Eclesiásticos. A pesar del objetivo común, hubo diferencias entre
los grupos en cuanto al contenido de la ley, especialmente en dos puntos:
necesidad o no de alegar causas para solicitar el divorcio, y la forma de hacer
efectivo el pago de pensiones. Así, se elaboraron dos proyectos diferentes, el
defendido por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas y el que
propugnaba la Asociación de Mujeres Separadas, respaldado también por la ADM.
Finalmente, fue en 1981 durante el gobierno de Calvo Sotelo cuando se aprobaron
dos leyes que reformaban el Código Civil, una relativa a filiación, patria
potestad y régimen económico del matrimonio (BOE, 19 de mayo de 1981), y otra
sobre regulación del matrimonio y nulidad, separación y divorcio (BOE, 20 julio
1981) impulsada por el ministro Fernández Ordóñez, que recogió algunas de las
propuestas planteadas por el movimiento feminista (Pelayo, 2009; Pérez-Serrano
y Rubio, 1999).
También desde años atrás estaba planteada la cuestión del derecho al
aborto, dentro de la lucha por una sexualidad libre que incluyera el derecho de
las mujeres a decidir, al control de su cuerpo y al ejercicio de una maternidad
consciente y deseada. Y los efectos negativos del elevado número de abortos
clandestinos constituían un grave problema social. A pesar de las diferentes
opciones, despenalización o legalización, defendidas dentro del movimiento
feminista, se consiguió articular campañas unitarias, que tuvieron un fuerte
impulso a partir del juicio de Bilbao (el caso de las 11 mujeres y un hombre de
Basauri). La intensidad y variedad de las acciones
reclamando amnistía (manifestaciones, encierros, charlas, mociones en los
Ayuntamientos, documento “Yo he abortado” con miles de firmas) consiguieron
sumar a otros sectores sociales, primero en Euskadi, luego en toda España e
incluso se contó con apoyos internacionales, lo que dio lugar al aplazamiento
por dos veces del juicio fijado para octubre de 1979, y que finalmente se
celebró en marzo de 1982, y acabó en absolución (Cambio 16, 1979; Augustín, 2003; Larumbe, 2004;
Montero, 2009). Sin olvidar el largo proceso contra el personal de los Centros
de Planificación Familiar Los Naranjos de Sevilla, o Flora, de
Valencia, acusados de realizar abortos, que suscitaron importantes campañas de
solidaridad.
Era necesario unificar propuestas, redefinir estrategias de lucha, y así
se hizo en 1981 tanto en las Jornadas Feministas Internacionales para la
legalización del aborto, de Sevilla, como en las Jornadas Estatales por el
Derecho al Aborto organizadas por la Comisión pro-derecho al aborto de Madrid,
de la que formaban parte mujeres como Justa Montero o Empar
Pineda (cofundadora esta última asimismo del Colectivo de Feministas Lesbianas
de Madrid) (Pineda, 2011). Así se llegó a elaborar una propuesta de ley de
aborto que difundió la Coordinadora Estatal en 1982 (Montero, 2011). Cuando,
tras la victoria socialista de ese año, en febrero de 1983 el Gobierno presentó
un proyecto de despenalización limitado a tres supuestos, más restrictivo
incluso que la propuesta del PSOE de 1979 que defendía la despenalización del
aborto voluntario en las doce primeras semanas, la citada Comisión impulsó una
marcha de protesta a La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, y en los
carnavales de 1983 en Barcelona las feministas satirizaron a políticos, obispos
y médicos que se oponían a la legalización del aborto (Comisión pro-derecho al
aborto de Madrid, 1985; Larumbe, 2004). El recurso de
inconstitucionalidad de Alianza Popular consiguió retrasar la aprobación de la
ley hasta 1985 y la campaña que denunciaba sus insuficiencias se mantuvo
durante años.
Mientras tanto, en diciembre de 1979 se habían celebrado en Granada las
II Jornadas Estatales de la Mujer, con vivos debates acerca de temas como
matrimonio, educación, sexualidad, lesbianismo, lucha feminista y lucha de
clases, y acción sindical, entre otros. A la idea de la doble militancia se
oponía el Partido Feminista, considerando al feminismo como una opción política
total, y a la mujer como una clase social. La sexualidad ocupó un espacio
importante, orientado al reconocimiento de una sexualidad femenina propia,
diferente del modelo masculino. Se hará visible el Feminismo Independiente, que
además de rechazar la utilización del marxismo como método útil para el
feminismo, dedica una especial atención a todo lo relacionado con el cuerpo. Al
mismo tiempo, quedó clara la distancia entre el feminismo de la igualdad, más
centrado en conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y el de
la diferencia, que defendió Gretel Ammann, basado en la autoconciencia de las mujeres y la
necesidad de despojarse de valores masculinos interiorizados. El resultado de
todo ello fue la ruptura de las estructuras unitarias del movimiento, al
abandonarlas el grupo de las independientes, y se abrió así una nueva etapa (Augustín, 2003; Larumbe, 2004).
Comienza la pérdida de la unidad del sujeto del feminismo, que se manifestará
en las siguientes décadas y que ha llevado a alguna autora a preguntarse por la
posibilidad de sentidos comunes en la dispersión (Gil, 2011).
No podía faltar la recuperación de la memoria negada, y en 1981 el
cincuentenario del sufragio universal conseguido durante la República fue una
buena ocasión para recordar.
Tras la victoria socialista en 1982, fue en 1983 cuando arrancó en
España el “feminismo de Estado”, con la creación del Instituto de la Mujer,
como organismo autónomo encargado de promover una política interministerial en
favor de la igualdad de oportunidades. Su primera directora fue Carlota
Bustelo, antigua militante del FLM, y desarrolló campañas informativas,
promovió estudios, impulsó el asociacionismo femenino, creó Centros de
Información de los derechos de la Mujer. Un nuevo reto estaba planteado para
las feministas, conjugar la fuerza del movimiento con la acción institucional
(Valiente, 2006; Augustín, 2003).
7.
Conclusiones
Hemos visto un movimiento que hunde sus raíces en la lucha contra el
franquismo y contra el rol que este adjudicaba a las mujeres, y que va a
desplegar una intensa actividad en los años de la transición, combinando la
concienciación personal y el activismo político. Ese rasgo, el de desarrollarse
durante un proceso de transición desde una dictadura a una democracia, lo
singulariza frente a otros feminismos de la Segunda Ola, con los que
tiene mucho en común. Ahora bien, si entre sus objetivos figuraban algunos
compartidos con al resto de la oposición antifranquista - la lucha por las
libertades (de asociación, de reunión, etc.) -, había otros que los partidos
insertos en esa oposición no comprendían o aplazaban por considerarlos
secundarios y no prioritarios, y que solo la lucha feminista hizo que acabaran
incluyéndose, parcialmente, en sus programas. Podemos decir que el feminismo
consiguió cambiar la agenda política de la transición.
No solo había que cambiar las leyes, había que cambiar una serie de pautas
sociales sexistas, había que construir una nueva sociedad, desafiando los
modelos de género vigentes, y eso es lo que intentó el movimiento feminista. Al
plantear la exigencia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se
estaba definiendo un nuevo concepto de ciudadanía que iba a resultar crucial
para la calidad de la democracia que se estaba construyendo y para la
modernización del país. El lema feminista Lo personal es político, al
romper fronteras entre lo público y lo privado, hizo que los derechos
reproductivos pasaran a formar parte de los derechos de la sociedad. Al mismo
tiempo, las reivindicaciones de tipo educativo y laboral acabarían acercando la
realidad española a la de otros países europeos de los que estaba bastante
alejada. Quizá la creación de servicios sociales sea uno de los puntos en los
que lo conseguido quedara más lejos de lo demandado, que era nada menos que la
socialización del trabajo doméstico.
A pesar de la diversidad interna, entre las partidarias de la militancia
única en el feminismo y las que defendían la doble militancia, el movimiento
consiguió redefinir la noción de política: el feminismo es política. La
multiplicidad de grupos, el rechazo a la jerarquización, la opción asamblearia,
supusieron al mismo tiempo una riqueza y una dificultad para la acción. Se ha
hablado de crisis del movimiento feminista a partir de los años 80 por la
disminución de su presencia en la calle, pero no hay que olvidar la medida en
que sus mensajes habían ido calando en la sociedad.
Resulta evidente que, sin el movimiento feminista, la transición no
hubiera sido la misma. Por eso, es imprescindible que forme parte de su
interpretación.
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Vindicación Feminista (1976-1982). Revista. Disponible
en: https://grupgerminal.org/?q=node/3585 [09/06/2025].
[1] Véanse los programas y manifiestos de los distintos
grupos y organismos unitarios feministas mencionados en este artículo, en:
Moreno (1977), Moreno Seco (2005) y Augustín (2003). Algunos de ellos,
comentados por distintas autoras, en Durán (1993).
[2] Como ejemplo,
véase la selección de actuaciones públicas del movimiento en 1976 recogida por
Threlfall (2009).
[3] El contenido
completo de los números de la revista está disponible en: https://grupgerminal.org/?q=node/3589 [5/03/2025].